Los centros CAIF de Paysandú enfrentan un escenario de creciente incertidumbre, marcado por la firma de convenios sin proyección a largo plazo, la disminución en la cantidad de niños atendidos y el riesgo que esto implica para la continuidad de algunos servicios y fuentes laborales. La situación fue planteada en las últimas horas por representantes vinculados a la gestión de estos espacios, quienes advirtieron sobre la necesidad de respuestas concretas por parte de las autoridades.
Actualmente, la Intendencia de Paysandú cumple un rol central en el funcionamiento de varios centros, pese a que la primera infancia no es una competencia directa de los gobiernos departamentales. Según se explicó, esta participación responde a un contexto en el que el gobierno nacional no logró cubrir completamente determinadas necesidades.
“Si bien a las intendencias no les corresponde lo que es primera infancia, en algún momento hubo un hueco que no pudo cubrir el gobierno nacional y se hicieron cargo de los centros CAIF”, se señaló.
En este marco, la Intendencia gestiona actualmente ocho centros CAIF y un centro del programa SIEMPRE, asumiendo funciones propias de organizaciones de la sociedad civil (OSC), que son las encargadas habituales de administrar estos servicios en convenio con el INAU.
Sin embargo, dentro de este conjunto de centros, la situación no es homogénea. De acuerdo a lo informado, tres de ellos se encuentran en una situación comprometida, en gran parte debido a la caída en la cantidad de niños atendidos.
“Dentro de esos centros hay algunos que están comprometidos por falta de niños, lo que implica una reducción en las partidas”, se explicó.
La disminución de la matrícula responde, en parte, a cambios demográficos como la baja natalidad, pero también a la falta de habilitación de nuevas propuestas que respondan a la demanda actual de las familias, especialmente en lo que refiere a la atención de niños de un año.
En ese sentido, desde los centros se insiste en que existe una necesidad concreta en el territorio que no está siendo atendida adecuadamente.
“La realidad de Paysandú es que hay una demanda para salitas de un año”, afirmaron, subrayando que muchas familias requieren este servicio para poder organizar su vida laboral y cotidiana.
A pesar de ello, las decisiones sobre la habilitación de nuevas salas continúan demorándose, lo que genera malestar entre quienes trabajan en el territorio.
“A veces se toman decisiones desde los escritorios sin estar en territorio”, se cuestionó, en referencia a la necesidad de que las autoridades escuchen a quienes están en contacto directo con las familias.
Por otro lado, algunos centros han logrado firmar nuevos convenios recientemente, pero estos acuerdos no brindan estabilidad a largo plazo. Según se indicó, se trata de renovaciones “por excepción” para este año, sin garantías de continuidad más allá de ese período.
“Firmamos el nuevo convenio, pero nos dijeron que durante este año se iba a ver si se resolvía o si seguía por excepción”, señalaron desde uno de los centros.
Esta modalidad de funcionamiento no es nueva. De hecho, se viene repitiendo desde 2023, lo que ha dificultado la planificación y sostenibilidad de los servicios.
En paralelo, los centros han continuado trabajando y preparándose para ampliar su oferta. En algunos casos, ya cuentan con salas equipadas y personal disponible para atender a niños de un año, a la espera de la autorización correspondiente.
“Tenemos la sala equipada y el personal pronto para trabajar”, afirmaron.
Además, destacaron que existe una demanda concreta y cuantificable. En uno de los centros, por ejemplo, se presentó ante el INAU una lista de espera de aproximadamente 25 familias interesadas en acceder a este servicio.
“Son familias que ya tienen vínculo con el centro y no quieren irse a otro lugar”, explicaron.
Mientras tanto, la preocupación crece no solo por la continuidad de los servicios, sino también por el impacto en el empleo, en un contexto departamental que ya enfrenta dificultades en el mercado laboral.
“Los centros CAIF son fuentes de trabajo también”, recordaron.
Ante este panorama, desde la mesa de infancia y los equipos de trabajo se insiste en la necesidad de que las autoridades adopten medidas que contemplen la realidad local, permitan sostener los centros y eviten un mayor deterioro del sistema.
El desafío, coinciden, es transformar los diagnósticos en decisiones concretas que garanticen la atención a la primera infancia y la estabilidad de quienes trabajan en estos espacios clave para la comunidad.
