El director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de las empresas, José Pereira, expresó su desacuerdo con la decisión del organismo de retirar las giras de pago en localidades del interior del país. Según explicó, fue el único integrante del Directorio que votó en contra de la medida, que finalmente se aprobó por seis votos a uno.
“Fuimos los únicos directores que votamos en contra. Perdimos 6 a 1 y no pudimos convencer al resto de que esto no era bueno para la comunidad entera del Uruguay”, señaló Pereira al referirse a un tema que calificó como “muy controversial”.
Las giras de pago consisten en el traslado de funcionarios del BPS a pequeñas localidades para realizar pagos y trámites, facilitando el acceso a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales. La decisión de eliminarlas impacta especialmente en poblaciones del interior profundo, donde muchas personas dependen de estos operativos para cobrar sus haberes sin necesidad de trasladarse a centros urbanos más grandes.
Para Pereira, la medida forma parte de un proceso más amplio de retracción del Estado en el interior del país. “El Estado está saliendo del interior. Y el interior más profundo paga los mismos impuestos que el resto del Uruguay, pero recibe muchos menos servicios”, afirmó.
El jerarca cuestionó que la evaluación de este tipo de políticas se base únicamente en criterios económicos o de volumen de usuarios. “Solo evaluamos los costos cuando se trata de servicios para poblaciones con menor cantidad de votos. A veces se mide de esa manera”, sostuvo, en referencia a que las localidades pequeñas suelen tener menor peso demográfico.
A su entender, el enfoque debería ser diferente, especialmente tratándose de un organismo como el BPS, cuya misión está vinculada a la seguridad social y la cobertura de necesidades básicas. “No estamos cumpliendo con la raíz de un instituto como el BPS, que es la seguridad social, que implica cubrir ausencias de servicios, necesidades y comodidades que tiene cada comunidad”, remarcó.
Para ilustrar las desigualdades entre la capital y el interior, Pereira puso varios ejemplos. Señaló que en las capitales departamentales existen oficinas y servicios que no están disponibles en pueblos más pequeños, lo que obliga a los habitantes a trasladarse y asumir costos adicionales.
También mencionó el caso de la salud, indicando que en Montevideo funcionan varios sanatorios que prestan servicios vinculados al BPS, mientras que en el interior muchas veces las personas deben viajar largas distancias para acceder a determinadas prestaciones. “Cuando un enfermo tiene que usar ese servicio, tiene que viajar a Montevideo”, explicó.
En ese contexto, el retiro de las giras de pago representa, según su visión, un nuevo obstáculo para quienes ya enfrentan mayores dificultades de acceso. Para muchos adultos mayores o personas con movilidad reducida, trasladarse a otra ciudad implica gastos en transporte, acompañantes y tiempo, además de complicaciones logísticas.
Pereira sostuvo que no se trata únicamente de un análisis contable. “No todo puede medirse en términos de costo. Hay una responsabilidad social que el Estado tiene que asumir”, expresó.
Si bien la decisión ya fue adoptada por el Directorio, el representante empresarial dejó planteada su posición y su preocupación por las consecuencias que puede tener en el tejido social del interior.
La discusión sobre las giras de pago reabre el debate sobre la equidad territorial en la prestación de servicios públicos y el rol del Estado en las localidades más pequeñas. Para Pereira, el desafío es encontrar un equilibrio que contemple la eficiencia administrativa sin dejar de lado el principio de igualdad en el acceso a la seguridad social.
“Las comunidades del interior no pueden seguir recibiendo menos servicios que el resto del país”, concluyó, reafirmando su postura crítica frente a la resolución adoptada por el organismo.
