Durante la última sesión de la Junta Departamental, los ediles David Helguera, del Partido Colorado, y Mario Culñev, del Partido Nacional, realizaron una presentación conjunta en la que plantearon las dificultades que enfrentan pobladores de distintas zonas rurales del departamento a raíz de una decisión adoptada por el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS). Ambos coincidieron en la necesidad de que el Estado actúe con mayor cercanía y flexibilidad, priorizando la protección de los ciudadanos más vulnerables.
En su intervención, Helguera fue especialmente enfático al señalar que el Estado “puede y debe hacer todo por cada uno de sus ciudadanos”, sin importar la distancia geográfica ni las dificultades logísticas. Mencionó diversas localidades rurales como Lorenzo Geyres, Buricayupí, Guichón, Tiatucurá, Guarapirú y Paso de los Carros, remarcando que las personas que viven allí no pueden quedar relegadas por decisiones administrativas tomadas desde Montevideo.
“El Estado tiene que ir hasta donde haya un ciudadano que lo necesite. No podemos subordinar a los viejitos ni dejar a la gente humilde sin respuesta”, expresó el edil colorado, subrayando que se trata de personas que han trabajado toda su vida y que hoy esperan soluciones concretas de las autoridades. En ese sentido, apeló a una mirada humana y social de las políticas públicas, especialmente cuando se trata de jubilados y pensionistas del medio rural.
Helguera cuestionó además la postura que, según expresó, se transmitió desde el BPS al señalar que la decisión “no tiene vuelta atrás”. Para el edil, ese enfoque resulta inaceptable en un sistema democrático. “Esta Junta Departamental, con ediles de todos los partidos, ha logrado revertir resoluciones tomadas en Montevideo cuando entendimos que no eran correctas”, recordó, mencionando antecedentes en los que, a través del diálogo y el consenso, se consiguieron cambios en beneficio de la población.
En ese marco, manifestó su molestia por lo que consideró una actitud “cerrada” y poco permeable al intercambio. “Duele y molesta que se venga a decir de forma casi dictatorial que esto ya está decidido, sin dejar margen ni siquiera para hacer preguntas”, sostuvo, remarcando que el rol de los representantes departamentales es justamente canalizar las inquietudes de la gente.
Por su parte, el edil nacionalista Mario Culñev acompañó el planteo y coincidió en que las decisiones que afectan al interior profundo deben contemplar las realidades locales. Ambos ediles hicieron hincapié en que quienes viven en zonas rurales muchas veces carecen de herramientas para resolver trámites complejos y dependen del acompañamiento del Estado para garantizar su seguridad y tranquilidad.
Culñev también apeló a su experiencia personal, señalando que vivió y trabajó en el medio rural hasta los 25 años, lo que le permite comprender de primera mano las dificultades que atraviesan estas comunidades. “Los del interior no queremos seguir perdiendo cosas”, afirmó, trazando un paralelismo con el cierre de escuelas rurales y otros servicios que, cuando desaparecen, debilitan el tejido social de los pueblos.
En ese sentido, recordó que cada vez que se intenta cerrar una escuela rural, la comunidad se moviliza para evitarlo, porque entiende que no se trata solo de un servicio educativo, sino de la supervivencia misma del pueblo. “Con esta situación pasa algo parecido: la gente tiene razón en lo que plantea y nosotros tenemos la obligación de escucharlos”, indicó.
Finalmente, ambos ediles solicitaron que se reconsidere la decisión del BPS y se abra una instancia de diálogo que permita encontrar soluciones acordes a la realidad de los pobladores afectados. El planteo fue acompañado por ediles de distintos sectores, reafirmando el carácter transversal de la preocupación y el compromiso de la Junta Departamental con las comunidades rurales del departamento.
