Laura Pereyra
El Ministerio del Interior informó un aumento del 8,7% en los casos de abigeato durante el primer semestre de 2025, según el último Boletín Semestral de Estadísticas Criminales. El dato genera preocupación en el sector productivo y pone en foco el trabajo de las Brigadas Departamentales de Seguridad Rural, que han llevado adelante diversas investigaciones en el país.
Uno de los procedimientos destacados tuvo lugar en Lavalleja. A raíz de una denuncia por presunto abigeato, la investigación permitió descubrir otras irregularidades vinculadas a un hombre de 54 años, tenedor de ganado. Fue denunciado por el administrador de un fondo de inversión ganadera con sede en Maldonado, por la desaparición de al menos 200 vacunos. También se vincularon otras 400 reses a denuncias similares.
El imputado fue condenado por diversos delitos económicos y apropiación indebida, y recibió una pena de 24 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, además de la suspensión de su actividad ganadera por un año y la prohibición de negociar ganado.
En Tacuarembó, la Brigada Rural esclareció denuncias por faltante de ganado en las jurisdicciones de las seccionales 4.ª y 16.ª. Un hombre de 37 años fue condenado como autor de dos delitos de abigeato y deberá cumplir 22 meses de prisión bajo libertad a prueba.
Otro caso insólito también tuvo lugar en Lavalleja, cuando un hombre de 67 años denunció el robo de 120 ovejas de cría. La investigación reveló que el denunciante había simulado el delito y, en realidad, había participado en una faena clandestina. Fue condenado a ocho meses de prisión, también bajo libertad a prueba.
En Canelones, el abigeato golpeó fuerte a una productora de Los Cerrillos. Gabriela Zanotta denunció el robo de 62 ovejas preñadas, valuadas en al menos 100 dólares cada una, más el valor de los corderos. "Es evidente que hay una red organizada detrás. Me pasó lo mismo hace dos años", afirmó Zanotta, visiblemente afectada. “El país tiene un problema serio con el abigeato”, concluyó.
Los hechos recientes refuerzan el reclamo de mayor vigilancia y control en zonas rurales, donde productores denuncian sentirse vulnerables ante un delito que crece y golpea directamente al trabajo del campo.
