MIDES monitorea la tarifa social de UTE para asegurar su correcta asignación

Juan Martín Fernández explicó que el ministerio evalúa información de organismos públicos y realiza visitas en territorio para revisar hogares beneficiarios, dar bajas cuando corresponde y detectar familias que aún no reciben apoyo.
Actualidad02 de julio de 2026Esteban OberttiEsteban Obertti

El director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del MIDES, Juan Martín Fernández, destacó que la tarifa social de UTE, que permite a hogares vulnerables acceder al servicio eléctrico con un costo reducido, “viene funcionando bien”, aunque remarcó que el ministerio mantiene un monitoreo permanente para asegurar que el beneficio llegue efectivamente a quienes lo necesitan.

En entrevista, Fernández explicó que el MIDES trabaja en coordinación con UTE y otros organismos públicos mediante el cruce de información, lo que permite detectar situaciones que requieren revisión. En ese marco, mencionó que se identificaron algunos hogares que, pese a recibir prestaciones sociales, registraban altos niveles de consumo eléctrico y además mantenían sus pagos al día.

El jerarca aclaró que se trataba de un grupo reducido en relación al universo total de beneficiarios. “Nosotros más o menos con las transferencias llegamos a unos 240.000 hogares. Eran 300 hogares, un porcentaje mínimo, pero no porque sea mínimo no lo vamos a atender”, señaló.

Según explicó, el alto consumo de energía en esos casos generó dudas sobre la situación real de los hogares. El MIDES entendió que debía analizar si esas familias continuaban cumpliendo con las condiciones para recibir prestaciones como la Tarjeta Uruguay Social o la tarifa social de UTE. “Era raro decir cómo estos hogares pueden cubrir una tarifa de ese monto recibiendo una prestación”, indicó.

A partir de esa información, los equipos técnicos realizaron visitas en territorio para conocer cada situación. Fernández sostuvo que en algunos hogares existía una explicación válida para ese nivel de consumo, mientras que en otros casos no se justificaba la continuidad del beneficio. Allí, el ministerio resolvió dar de baja no solo la tarifa social de UTE, sino también otras transferencias, al constatar que el hogar se encontraba en mejores condiciones que las declaradas o que ya no correspondía mantener la prestación.

El director nacional explicó que el consumo energético puede ser un indicador útil para evaluar el nivel de vida de un hogar. “A través del consumo de energía pudimos detectar que el nivel de confort y el nivel de vida no coincidía con el tipo de prestación que estábamos otorgando”, afirmó.

Fernández remarcó que este tipo de controles forman parte del funcionamiento habitual del Estado. “El Estado constantemente está mirando”, expresó, al destacar que el MIDES cuenta con una importante presencia territorial mediante técnicos sociales que visitan hogares, conocen las realidades familiares y aportan información para mejorar la asignación de recursos.

El jerarca señaló que ese trabajo territorial permite detectar situaciones en ambos sentidos. Por un lado, hogares que reciben una prestación pero ya no cumplen con los criterios para mantenerla. Por otro, familias en situación de vulnerabilidad que no están cobrando ningún beneficio y que deberían ser incorporadas al sistema de protección social.

En ese sentido, explicó que muchas veces los técnicos informan sobre hogares que solicitan una tarifa social de UTE y que, al ser visitados, muestran una situación crítica. “A veces nos avisan: visitamos un hogar por una tarifa social de UTE, está en la lona y no cobra nada”, relató. En esos casos, el MIDES interviene para evaluar la posibilidad de incorporar a la familia a otras prestaciones.

Fernández también destacó el intercambio constante de información con organismos como UTE, ANCAP, OSE y BPS. Según sostuvo, esa coordinación permite mejorar los controles, evitar asignaciones incorrectas y garantizar que el esfuerzo económico que realiza el país llegue a las personas que realmente lo merecen.

El director nacional insistió en que las prestaciones sociales deben ser administradas con responsabilidad, tanto para proteger a quienes más lo necesitan como para asegurar el uso adecuado de los recursos públicos. En esa línea, afirmó que el cruce de datos y el trabajo territorial son herramientas centrales para mantener actualizado el sistema de beneficios y responder con mayor precisión a la realidad de los hogares.

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