Jean Pierre DutraLa presidenta de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, Cecilia Bottino, informó que el proyecto de instalación de la planta de hidrógeno verde de HIF Global aún no ingresó formalmente a la CARU.
La jerarca explicó que este tipo de iniciativas atraviesan primero un proceso interno dentro del Estado donde se analiza, estudia y negocia con la empresa que proyecta instalarse. Recién después de culminada esa etapa, si el país considera que la intervención puede generar modificaciones sobre el río Uruguay, debe elevar el proyecto al organismo binacional.
“Todavía no ha ingresado formalmente”, señaló Bottino al ser consultada sobre el estado del trámite ante la CARU.
Según explicó, los Estados parte deben completar primero todo el proceso interno vinculado al análisis del proyecto y a las negociaciones con la empresa. En este caso, al tratarse de una iniciativa promovida del lado uruguayo, será Uruguay quien deberá resolver si corresponde o no remitir la documentación a la comisión binacional.
“Luego que terminan todo el proceso de estudio y de negociaciones con la empresa que se va a instalar de un lado o del otro, en el caso de que el Estado que realiza esa intervención entienda que hay una modificación al río Uruguay, tiene que pasarlo por la CARU”, indicó.
Bottino señaló que, si el proyecto ingresa formalmente, se activa el procedimiento previsto en el artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay. Ese mecanismo establece un plazo de 30 días para que el organismo estudie la iniciativa y determine si puede provocar algún daño o modificación al río.
“Se da inicio a lo que se llama el procedimiento previsto por el artículo 7 de nuestro estatuto, que prevé que durante 30 días estudiemos ese proyecto”, explicó.
Durante ese período, la CARU analiza la documentación técnica presentada y evalúa los posibles efectos de la obra o intervención sobre el río Uruguay. Luego, es la comisión en su conjunto la que debe adoptar una definición sobre el tema.
“Nosotros estudiamos ese proyecto y establecemos si provoca algún daño, alguna modificación al río Uruguay. Y ahí es la comisión en su conjunto la que tiene que tomar alguna decisión al respecto”, agregó Bottino.
De todos modos, la presidenta de la delegación uruguaya aclaró que el proceso interno de Uruguay todavía no ha finalizado, por lo que hasta el momento no se ha remitido formalmente ninguna solicitud ni documentación a la CARU.
“Como hay un proceso interno que Uruguay no lo ha terminado, no ha elevado nada a la CARU”, puntualizó.
Sin perjuicio de eso, Bottino recordó que la delegación uruguaya ya había compartido información preliminar con la delegación argentina durante el año pasado, cuando el Ministerio de Ambiente dio a conocer los primeros trámites públicos vinculados al proyecto.
Según explicó, esa comunicación se realizó para que la parte argentina estuviera informada desde una etapa temprana, aunque no implicó el inicio formal del procedimiento previsto por el estatuto.
“La delegación uruguaya ya el año pasado, cuando se hicieron los primeros trámites públicos que el Ministerio de Ambiente dio a conocer, lo pasamos a la delegación argentina para que ya tuvieran conocimiento”, expresó.
Bottino remarcó que esa instancia no debe confundirse con el ingreso formal del proyecto ante la CARU. Para que eso ocurra, Uruguay debe culminar primero su evaluación interna y resolver si corresponde elevar la iniciativa al organismo binacional.
“No formalmente es el procedimiento previsto en el estatuto, porque para eso tenemos que esperar que Uruguay resuelva el tema internamente y también resuelva que lo tiene que pasar por CARU”, sostuvo.
El proyecto de HIF Global es seguido con atención por autoridades, actores políticos, sociales y productivos de Paysandú, por su eventual impacto en materia de inversión, empleo y desarrollo energético. Sin embargo, en lo que refiere al análisis binacional sobre el río Uruguay, Bottino dejó claro que aún no hay un expediente formal en estudio dentro de la CARU.
La definición dependerá de los pasos que adopte el Estado uruguayo una vez concluido su proceso interno de evaluación.
