Esteban OberttiEl diputado del Partido Nacional, Fermín Farinha, presentó un pedido de informes para conocer el destino de los Fondos de Desarrollo del Interior que son ejecutados por los ministerios en Paysandú y en el resto de los departamentos.
En entrevista en La Mañana de la Radio, por Radio Paysandú, el legislador explicó que se trata de recursos incluidos dentro del presupuesto quinquenal, pero con una afectación específica vinculada al desarrollo del interior del país y a la descentralización.
Farinha señaló que el Fondo de Desarrollo del Interior está previsto en la Constitución y debe orientarse a programas que tengan impacto territorial. Según indicó, los artículos 298 y 230 establecen justamente ese criterio de descentralización y lo que definió como un “efecto derrame” hacia los departamentos.
“Es el Fondo de Desarrollo del Interior y la Constitución establece que tienen que estar destinados a programas de desarrollo con enfoque en descentralización”, afirmó.
El legislador diferenció el funcionamiento actual de los recursos que llegan a las intendencias de aquellos que son ejecutados por los ministerios. En el caso de los gobiernos departamentales, explicó, los fondos están identificados dentro del presupuesto departamental y su destino se discute en la Comisión Sectorial, junto al Congreso de Intendentes.
Allí, cada intendencia presenta sus proyectos, se analizan, se votan y luego se habilitan los créditos en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
“Vienen las intendencias con sus proyectos, los ponen sobre la mesa, se votan y se ejecutan”, explicó Farinha.
El diputado planteó que ese mismo mecanismo debería aplicarse también a los ministerios. Su objetivo es que cada cartera presente ante la Comisión Sectorial los proyectos que pretende financiar con recursos del Fondo de Desarrollo del Interior y que exista un seguimiento mensual de la ejecución.
Farinha sostuvo que hoy esa información no está “sincerada” y que resulta necesario conocer con claridad cuánto invierte cada ministerio, en cada departamento, a través de este fondo.
“Yo pretendo que se utilice el mismo mecanismo para los ministerios, que lleguen a la Comisión Sectorial, que venga un proyecto y que tengamos mes a mes la ejecución de ese fondo”, señaló.
A modo de ejemplo, mencionó al Ministerio de Desarrollo Social y planteó que debería poder conocerse qué proyecto ejecuta en Paysandú con recursos del FDI, y que lo mismo debería ocurrir con los 19 departamentos.
También puso el foco en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En ese caso, preguntó cuánto invierte esa cartera en Paysandú a través del Fondo de Desarrollo del Interior y vinculó el tema con obras de infraestructura reclamadas en el departamento.
“Yo me pregunto, ¿cuánto invierte el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Paysandú a través del FDI?”, expresó.
Farinha mencionó como ejemplo la Ruta 4, una obra que, según señaló, se está realizando por administración directa. También recordó que todavía no se ha respondido si serán ejecutados los dos puentes inundables, considerados necesarios para mejorar la conectividad.
Para el diputado, este tipo de obras representan claramente el espíritu del Fondo de Desarrollo del Interior. Si los recursos del presupuesto general del Ministerio de Transporte no alcanzan, dijo, debería recurrirse al FDI que percibe el propio ministerio.
En ese sentido, remarcó que más de la mitad del Fondo de Desarrollo del Interior es ejecutado por el Poder Ejecutivo, y no por las intendencias. Según sostuvo, actualmente el 55% de esos recursos está en manos del gobierno nacional, mientras que en el período anterior la distribución era de 60% para el Ejecutivo y 40% para las intendencias.
“Mucho más que las intendencias. Más de la mitad lo ejecuta el Poder Ejecutivo”, señaló.
El planteo de Farinha apunta a conocer con mayor precisión cómo se distribuyen y ejecutan esos fondos, especialmente en departamentos del interior como Paysandú, donde las demandas de infraestructura, desarrollo social y descentralización siguen siendo relevantes.
El pedido de informes busca abrir una discusión sobre transparencia, planificación y control del gasto público. Para el legislador, si los fondos tienen un destino constitucionalmente definido, la ciudadanía debe poder saber en qué proyectos se utilizan y qué impacto tienen en cada territorio.
La iniciativa pone nuevamente sobre la mesa el debate por la descentralización real y por la forma en que los recursos nacionales llegan al interior del país.
