Jean Pierre DutraEl presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, planteó la necesidad de abrir un debate profundo sobre la exigencia de asistencia a clases como condición para el cobro de la asignación familiar, al considerar que esta medida, lejos de garantizar el derecho a la educación, puede estar generando efectos contraproducentes en los sectores más vulnerables.
En sus declaraciones, Caggiani recordó que el sistema de asignaciones familiares tiene su origen en la década de 1940, vinculado a los Consejos de Salarios y concebido como una herramienta de protección social. En ese contexto, la contraprestación como la exigencia de acreditar la asistencia escolar formaba parte de una lógica distinta a la actual. “Todos llevábamos el papel a la escuela para que nos lo firmara la directora y poder cobrar la asignación”, rememoró.
Sin embargo, el jerarca sostuvo que en la actualidad esa exigencia no está cumpliendo el objetivo de garantizar el acceso a la educación. Por el contrario, señaló que en algunos casos funciona como una penalización para un grupo reducido de niños y adolescentes que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. “No está oficiando como garante del derecho a la educación, sino como una penalización para un conjunto de chiquilines que es muy pequeño”, afirmó.
Caggiani explicó que el universo de estudiantes que no asisten a clases y están por fuera del sistema educativo ronda los 5.000 casos, una cifra que, si bien es significativa, representa una minoría dentro del total del alumnado. “Estamos hablando de un grupo acotado, pero que además enfrenta múltiples carencias: no tienen acceso pleno a la educación, tampoco a la salud, y además pierden una prestación que muchas veces es clave para su alimentación”, advirtió.
En ese sentido, subrayó la necesidad de analizar el tema con evidencia y no solo desde una perspectiva normativa. Para ello, hizo referencia a experiencias recientes impulsadas por el sistema educativo. En particular, mencionó el programa “Volvé a estudiar”, mediante el cual equipos territoriales salieron a buscar activamente a jóvenes desvinculados del sistema.
“Fuimos a buscar a más de 5.000 estudiantes y logramos que 3.000 volvieran a estudiar”, destacó. Este resultado, según Caggiani, demuestra que las estrategias de cercanía y acompañamiento tienen un impacto mucho más significativo que las medidas punitivas.
A modo de comparación, recordó que en años anteriores, cuando la única acción aplicada fue la suspensión de la asignación familiar, los resultados fueron considerablemente menores. “De esos mismos 5.000, apenas 300 volvieron al sistema educativo”, indicó.
Para el presidente de ANEP, estos datos son contundentes y deberían ser considerados en la discusión política. “Parece claro que es más efectivo cuando el Estado va a buscar a los jóvenes, con equipos en territorio, que cuando simplemente se les quita una prestación”, sostuvo.
En este marco, Caggiani planteó que el tema debe ser debatido en el Parlamento, con una mirada integral que contemple tanto el derecho a la educación como la función social de las asignaciones familiares. “Es una discusión que hay que dar con evidencia, entendiendo que estamos hablando de derechos y no solo de obligaciones”, enfatizó.
El planteo abre un nuevo capítulo en el análisis de las políticas sociales y educativas en Uruguay, poniendo sobre la mesa la tensión entre las medidas de incentivo y las de acompañamiento. Mientras el gobierno evalúa posibles cambios en el sistema, desde ANEP se insiste en la importancia de priorizar estrategias que acerquen a los estudiantes a las aulas sin profundizar situaciones de exclusión.
La discusión, que combina aspectos históricos, sociales y educativos, promete generar debate en los próximos meses, en un contexto donde garantizar la permanencia en el sistema educativo sigue siendo uno de los principales desafíos del país.
