Esteban OberttiEl debate sobre la seguridad pública volvió a instalarse con fuerza en la agenda política tras las declaraciones del diputado del Partido Colorado, Walter Verri, quien cuestionó duramente al gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo. En una entrevista concedida a Radio Paysandú, el legislador dejó en claro que las posturas del jerarca no representan al Partido Colorado y expresó su preocupación por posibles cambios en la política criminal del gobierno.
“San Jurjo no está en representación de los colorados en el gobierno. Ocupa un cargo a título personal dentro de un gobierno del Frente Amplio”, afirmó Verri, marcando distancia con el técnico del Ministerio del Interior. Según explicó, si bien Sanjurjo puede tener afinidad política con el Partido Colorado, sus declaraciones y posicionamientos en materia de seguridad responden a la línea del actual gobierno.
El legislador fue más allá y sostuvo que las diferencias no son menores, especialmente en lo que refiere a la eventual reforma del Código del Proceso Penal. En ese sentido, cuestionó la posibilidad de flexibilizar mecanismos como la libertad anticipada para personas privadas de libertad, incluso en casos de delitos graves.
“No estamos de acuerdo con liberar presos por delitos graves mediante libertades anticipadas. Eso no representa al Partido Colorado ni a la coalición”, enfatizó.
Uno de los puntos más polémicos planteados por Verri es la eventual liberación de un número significativo de reclusos. Según indicó, de aprobarse los cambios propuestos, podrían salir en libertad más de 2.000 personas en un plazo relativamente corto.
“El gobierno lo negó reiteradamente, pero finalmente una jerarca lo reconoció públicamente. Se habló de un 15% de la población carcelaria, lo que equivale a más de 2.000 presos”, señaló.
El diputado hizo referencia a declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), quien inicialmente manejó esa cifra, aunque luego la corrigió. Para Verri, más allá del número exacto, lo preocupante es la concepción detrás de la medida.
“No importa si son 2.500, 2.000 o 400. Lo que importa es la forma de pensar: que la solución es liberar antes a los delincuentes”, sostuvo.
En esa línea, el legislador criticó lo que considera una visión equivocada sobre la seguridad pública. “Se vuelve a una lógica donde la culpa no es del delincuente, sino de la sociedad, y se apuesta a liberarlos antes. Pero no salen recuperados, salen peor”, afirmó.
Además, Verri respondió a declaraciones de Sanjurjo, quien había cuestionado a algunos actores políticos por “burlarse” de programas de seguridad. El diputado no solo rechazó esas afirmaciones, sino que redobló la crítica hacia el jerarca.
“Lo que debería dar vergüenza no es que un senador critique, sino representar a un gobierno que impulsa este tipo de medidas”, expresó.
El planteo del legislador se da en un contexto de creciente discusión sobre las políticas de seguridad y el funcionamiento del sistema penitenciario en Uruguay. Mientras desde el oficialismo se han defendido posibles reformas orientadas a mejorar la rehabilitación y reducir la reincidencia, desde la oposición se advierte sobre los riesgos de flexibilizar las condiciones de cumplimiento de penas.
Verri reafirmó que el Partido Colorado mantendrá una postura firme en este tema y continuará marcando sus diferencias cuando lo considere necesario. “Seguiremos siendo colorados, pero no vamos a dejar de señalar lo que entendemos que está mal”, concluyó.
La polémica deja en evidencia las tensiones dentro del sistema político en torno a uno de los temas más sensibles para la ciudadanía, como lo es la seguridad, y anticipa un debate que promete intensificarse en el Parlamento en los próximos meses.
