Hidrógeno verde: Olivera llama a la cautela y rechaza escalar el conflicto internacional

El intendente de Paysandú defendió el proyecto, aseguró que se cumplen las exigencias ambientales y consideró “precipitado” plantear una demanda ante La Haya
21 de marzo de 2026Esteban OberttiEsteban Obertti

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se refirió a la creciente tensión generada en torno al proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde en el departamento, especialmente tras las declaraciones del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien planteó la posibilidad de llevar el caso ante tribunales internacionales. En ese contexto, Olivera llamó a la cautela, defendió el proceso en marcha y aseguró que Uruguay está cumpliendo con todas las garantías ambientales requeridas.

El jefe comunal recordó que el año pasado se llevó adelante una reunión de alto nivel entre autoridades de ambos países, en la que participaron cancilleres, ministros y representantes locales, con el objetivo de abordar las preocupaciones planteadas desde la vecina orilla. “En ese encuentro se asumió un compromiso claro por parte de Uruguay de incluir las inquietudes de Colón y de la provincia de Entre Ríos en el estudio de impacto ambiental”, explicó.

Uno de los principales puntos de discusión ha sido la eventual “afectación visual” que podría generar el emprendimiento. Olivera aclaró que ese aspecto está contemplado dentro de los requisitos exigidos a la empresa. “Se acordó que la empresa deberá acreditar, dentro del estudio de impacto ambiental, cómo evitará o mitigará ese posible impacto visual”, señaló.

En ese sentido, el intendente consideró que cualquier planteo sobre relocalización del proyecto resulta prematuro sin contar previamente con los resultados técnicos correspondientes. “No parece razonable pedir una relocalización sin tener ese insumo. Es un planteo apresurado, y más aún hablar de un conflicto internacional o de recurrir a La Haya”, afirmó.

Olivera fue enfático en señalar que el departamento y el país están abiertos al diálogo, pero también defendió el derecho de Uruguay a desarrollar proyectos dentro de su territorio, siempre que se respeten las normativas vigentes. “Nosotros estamos de un solo lado: el de la ley y el cumplimiento de las normas ambientales. Mientras eso se garantice, defendemos la instalación de la planta”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que no corresponde que desde otro país se determine qué proyectos pueden o no desarrollarse en territorio uruguayo. “No nos van a venir a decir desde afuera dónde podemos instalar una inversión, siempre y cuando no genere perjuicios”, expresó.

El intendente también hizo referencia a experiencias pasadas en la relación bilateral, advirtiendo sobre los riesgos de escalar conflictos sin fundamentos sólidos. “Hace 20 años vivimos una situación donde la irracionalidad terminó predominando. Eso no puede volver a pasar”, señaló, en alusión a disputas anteriores entre ambos países.

En contrapartida, destacó que en la actualidad existen canales institucionales de diálogo y mecanismos técnicos que permiten evaluar con mayor rigor este tipo de proyectos. “Hoy hay instancias, hay autoridades, hay procesos claros. Se están tomando todas las garantías y recaudos necesarios”, remarcó.

Olivera insistió en que el camino debe ser el entendimiento y el respeto mutuo, evitando declaraciones que puedan tensar innecesariamente la relación. “Somos gente de paz, estamos para construir, no para generar conflictos”, afirmó.

Por otra parte, también mencionó que la viabilidad del proyecto no depende únicamente de las cuestiones ambientales, sino también de condiciones económicas que deben ser definidas a nivel nacional. En particular, señaló la importancia del costo de la energía para que la inversión pueda concretarse. “Hay aspectos como el precio del megavatio que dependen del gobierno y son determinantes para que el emprendimiento sea viable”, explicó.

Finalmente, el intendente reiteró que el proceso sigue su curso y que será el estudio de impacto ambiental el que determine si el proyecto cumple con todas las condiciones necesarias. “Si se acredita que no hay afectaciones como las que se plantean, la inversión tiene que seguir adelante”, concluyó.

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