Walter Verri cuestiona la baja del descuento del IMESI en frontera y acusa al gobierno de “voracidad fiscal”

El inicio del año trajo novedades en materia fiscal que encendieron la polémica. Desde el 1° de enero rigen nuevos porcentajes de reducción del Impuesto Específico Interno (IMESI) para la venta de combustibles en estaciones ubicadas a menos de 20 kilómetros de los pasos de frontera. En el litoral uruguayo, el descuento bajó del 33% al 28%, una decisión que el diputado del Partido Colorado, Walter Verri, calificó como “una clara señal de voracidad fiscal” por parte del gobierno.

Según explicó Verri, la medida fue adoptada sin tener en cuenta la realidad económica de las zonas de frontera, donde las diferencias de precios con Argentina siguen generando dificultades para competir. “El gobierno ha aplicado a rajatabla un criterio economicista: si las diferencias cambian, se cambian los criterios de ajuste. Pero esto demuestra una voracidad fiscal increíble”, sostuvo el legislador sanducero.

El diputado recordó que durante la anterior administración, el descuento del IMESI se mantuvo en un 40%, incluso en los dos años en que las fronteras estuvieron cerradas por la pandemia. “Nadie podía cruzar a echar una gota de nafta en Argentina, y aun así el beneficio se mantuvo. ¿Por qué? Porque entendíamos que era una herramienta de desarrollo para paliar una situación estructural que no se resuelve con una simple exoneración parcial del impuesto”, explicó.

Verri consideró que el actual gobierno “piensa distinto” y que las decisiones adoptadas “reflejan una falta de sensibilidad con las economías fronterizas”. “No me canso de decirlo: lo único que hemos tenido en estos años de gestión es retroceso en materia de frontera. En lugar de buscar soluciones, se ajustan los beneficios que permitían a nuestras estaciones y comercios sostener la competencia”, advirtió.

Además del tema del IMESI, el legislador colorado abordó otras medidas recientes del Poder Ejecutivo, entre ellas las vinculadas al FONASA y los aumentos en las tarifas públicas. En su opinión, se trata de un nuevo ajuste fiscal disfrazado de actualización técnica. “La primera sensación que dejan las modificaciones es que se vuelve a meter la mano en el bolsillo a la gente. No hay dudas: este es un ajuste fiscal que afecta a 155.000 trabajadores, los que más aportan al sistema”, afirmó.

Verri señaló que los cambios en el FONASA implican una recaudación adicional de unos 90 millones de dólares, que saldrán directamente de los bolsillos de los contribuyentes. “Nos cambian las reglas de juego en mitad del partido. El gobierno podrá presentarlo como quiera, pero la realidad es una: se recauda más a costa de los mismos de siempre”, cuestionó.

En la misma línea, criticó el aumento de las tarifas de los servicios públicos, que en algunos casos superaron la inflación. “Otra vez vemos cómo la voracidad fiscal se impone. Suben las tarifas de OSE, de UTE, todo por encima del costo de vida. Claramente, el Frente Amplio vuelve al gobierno para hacer caja”, expresó con dureza.

Para el diputado, el camino debería ser otro: reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del Estado. “No se puede seguir pidiendo más esfuerzo a la gente. La solución no es recaudar más, sino gastar mejor. Hay que revisar las estructuras del Estado, eliminar gastos innecesarios y volcar los recursos a donde realmente se necesitan”, sostuvo.

Finalmente, Verri adelantó que su bancada insistirá en el Parlamento para que el tema fronterizo vuelva a la agenda, recordando la importancia de mantener políticas de apoyo sostenidas en el tiempo. “No se trata solo de un porcentaje de descuento. Se trata de defender el trabajo, la inversión y el arraigo en nuestras ciudades del litoral. Esperemos que el gobierno escuche”, concluyó.

En resumen, la reducción del beneficio del IMESI reavivó el debate sobre las políticas para las zonas de frontera y la orientación fiscal del gobierno. Mientras el Poder Ejecutivo sostiene que la medida responde a ajustes técnicos por la variación del tipo de cambio con Argentina, desde la oposición se advierte que el enfoque es meramente recaudatorio y que sus consecuencias podrían sentirse con fuerza en la economía del litoral uruguayo.