Esteban OberttiMARCELO TORTORELLA - Edil del Partido Nacional
El conflicto que afectó al puerto de Montevideo la semana pasada continúa generando repercusiones políticas y económicas. Durante seis días, buena parte de la actividad portuaria permaneció paralizada a raíz de medidas adoptadas por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), lo que provocó pérdidas millonarias, retrasos logísticos y el desvío de buques hacia otros destinos como Buenos Aires y San Pablo.
El edil nacionalista Marcelo Tortorella calificó el episodio como “insólito” y responsabilizó al Frente Amplio por lo que considera un “conflicto político interno que terminó perjudicando al país entero”.
“Se paralizó el puerto durante casi una semana. Fueron millones de dólares perdidos, barcos que cambiaron su destino, exportadores que no pudieron cumplir con sus envíos y un puerto colapsado de camiones. Es una situación insólita, que nadie entiende y que no se puede repetir”, afirmó Tortorella.
Según el edil del Partido Nacional, el trasfondo del conflicto no se encuentra en las supuestas condiciones laborales o en la implementación de un nuevo sistema informático, sino en disputas políticas dentro del Frente Amplio, particularmente entre sectores que buscan influir en la Administración Nacional de Puertos (ANP).
“Lo que sucedió no fue un reclamo laboral genuino. Estamos ante una puja de poder entre el MPP y el Partido Socialista dentro de la ANP”, sostuvo.
Tortorella explicó que el sindicato Supra, históricamente vinculado al Partido Socialista, perdió recientemente una figura de confianza —una mujer identificada con ese sector—, que fue sustituida por un integrante del MPP.
“Esa sustitución generó una fuerte tensión interna. A partir de ahí comenzaron las disputas por los cargos, por las áreas de influencia y por el control político del puerto. Lo que debería haber sido un asunto técnico se convirtió en un enfrentamiento político dentro del propio Frente Amplio”, señaló.
La medida sindical se originó en la oposición del Supra a la implementación del programa informático “Navi” (o Navy), una herramienta introducida por la Terminal Cuenca del Plata (TCP) para mejorar la gestión y productividad.
De acuerdo con Tortorella, el conflicto escaló a partir de una interpretación errónea sobre el impacto del sistema en los puestos de trabajo, basada en información obtenida a través de una consulta a una herramienta de inteligencia artificial.
“Todo comenzó porque alguien le preguntó a un programa de inteligencia artificial —un chat GPT— cuáles eran las ventajas del sistema. A partir de eso se dijo que el software podía poner en riesgo los puestos laborales, cuando en realidad no se iba a despedir a nadie. Es absurdo que una medida sindical de este calibre se base en algo así”, criticó.
El edil sostuvo que la reacción del sindicato “careció de fundamentos reales” y que el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, tuvo que intervenir para intentar resolver una situación “que nunca debió haber ocurrido”.
Tortorella también hizo hincapié en el peso político y económico de la Administración Nacional de Puertos, a la que definió como “una de las llaves del país”.
“La ANP es un centro de poder muy importante. Es la puerta de entrada y salida del Uruguay, y por eso es un organismo estratégico. Sabemos que el MPP busca ocupar los lugares donde se toman decisiones trascendentes. No les interesa tanto competir en gobiernos departamentales, sino tener influencia en los espacios donde se ejerce poder real, como este”, apuntó.
Según el edil, el conflicto portuario debe analizarse en ese contexto: como una manifestación de la disputa interna por el control de áreas estratégicas del Estado.
Durante los días de paralización, varios exportadores y operadores logísticos advirtieron sobre el impacto económico de la medida. Algunos buques que debían operar en Montevideo fueron redirigidos hacia puertos de la región, generando pérdidas millonarias y demoras en la cadena de exportación.
“Mientras algunos juegan a la política interna, el país pierde competitividad y credibilidad. Uruguay no puede permitirse que conflictos partidarios afecten al principal puerto del país”, concluyó Tortorella, quien pidió que se investigue el origen y las responsabilidades de lo sucedido.
Con las actividades retomadas, el episodio deja en evidencia la fragilidad de la paz laboral en el sistema portuario y la influencia que los equilibrios políticos internos pueden tener sobre decisiones que impactan directamente en la economía nacional.
