Cuestionan delimitación del área protegida en el río Uruguay

Ambientalistas advierten que el nuevo decreto excluye padrones claves y permitiría la instalación de la planta de HIF Global junto a un ecosistema frágil.

Actualidad10 de septiembre de 2025Paola RubboPaola Rubbo

LIC. DIEGO VARELA - Licenciado en Ciencias Biológicas

El reciente decreto del Ministerio de Ambiente que incorpora al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) varias islas del río Uruguay generó críticas desde el Movimiento “Firmá por el Río” y especialistas vinculados a la defensa ambiental. Según sostienen, la delimitación oficial recorta la propuesta original presentada en 2018 por la ONG GENA, y deja por fuera zonas costeras fundamentales para la conservación del ecosistema fluvial.

La propuesta original: una visión integral

En 2018, GENA había elevado un proyecto que planteaba la creación de un núcleo conformado por las islas del Queguay, otras islas menores y una franja de amortiguación costera. Esa zona abarcaba desde el arroyo Malo al norte hasta el arroyo San Francisco al sur, considerando que todo el sector forma parte de un ecosistema interrelacionado y dominado por el bosque fluvial del río Uruguay.

El diseño original apuntaba a proteger no solo las islas, sino también la costa frente a ellas, reconociendo la importancia de resguardar el ecosistema en su conjunto.

El recorte del decreto actual

La delimitación aprobada recientemente es distinta. Según lo denunciado, el área protegida se reduce a un triángulo que incluye la desembocadura del Queguay, las islas de esa zona y algunas más alejadas: las Mellizas y la Sombrerito al norte, y la isla Almirón al sur.

Con este nuevo trazado, quedaron fuera los padrones 11.950 y 11.951, ubicados en la zona de Constancia, donde la empresa HIF Global proyecta instalar una planta de hidrógeno verde. Para los ambientalistas, esta modificación no es casual: el proyecto original, de haberse aprobado, habría impedido la instalación de cualquier industria en ese lugar.

Una contradicción preocupante

Uno de los puntos más cuestionados es que el propio informe técnico en el que se basa el decreto reconoce que la eventual instalación de la planta de HIF Global constituiría una presión no deseada sobre el área protegida. Sin embargo, al mismo tiempo, la nueva delimitación abre la puerta a que la industria se ubique en las inmediaciones.

“Es una contradicción en los propios términos de la propuesta”, sostienen los integrantes del movimiento. El razonamiento es simple: si el área de amortiguación costera se hubiera mantenido como en el plan de 2018, la planta no podría haberse instalado allí. En cambio, con el recorte actual, el decreto facilita indirectamente el emprendimiento industrial.

Riesgos para el ecosistema

Los ambientalistas remarcan que la planta proyectada se levantaría a metros de un ecosistema de alto valor ambiental, dominado por bosques fluviales que funcionan como hábitat de múltiples especies y cumplen un rol clave en la biodiversidad del río Uruguay.

La preocupación central es que la instalación de una industria de gran porte genere impactos acumulativos sobre el área protegida, comprometiendo la eficacia del SNAP. “La planta en ese lugar constituye una amenaza seria”, subrayan.

Reclamo por una protección efectiva

Desde el movimiento ciudadano señalan que no se oponen a la transición energética ni a nuevas inversiones, pero insisten en que la ubicación debe ser revisada para no comprometer un ecosistema único. “El decreto actual representa un retroceso respecto a la visión integral de 2018”, afirman.

El objetivo, dicen, es claro: proteger tanto las islas como la franja costera que las sostiene. Sin esa continuidad, el área protegida corre el riesgo de convertirse en una figura formal sin capacidad real de resguardar los valores naturales que motivaron su creación.

Una discusión abierta

La resolución del Ministerio de Ambiente reabre el debate sobre cómo Uruguay equilibra la promoción de proyectos estratégicos con la preservación de sus recursos naturales. La tensión entre la necesidad de atraer inversiones como la del hidrógeno verde y el deber de proteger el río Uruguay y sus ecosistemas seguirá siendo tema central en los próximos meses.

Mientras tanto, el Movimiento “Firmá por el Río” continúa con la recolección de firmas para impulsar que los padrones en disputa sean declarados área protegida a nivel departamental por la Junta de Paysandú. De esa manera, esperan garantizar que la voz ciudadana también pese en una decisión que marcará el futuro ambiental de la región.

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