Alerta laboral en Paysandú: la informalidad crece como única salida

Paysandú atraviesa una situación crítica en materia de empleo. Así lo advirtió José Pereira De Brun, representante empresarial en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), quien alertó sobre los niveles preocupantes de desempleo, subempleo e informalidad que afectan a la ciudad. Según sus palabras, “de cada dos sanduceros, uno tiene problemas laborales”, lo que demuestra la magnitud del desafío que enfrenta el departamento.

Pereira fue enfático: “La situación es grave”. Para el jerarca, el contexto actual está marcado por una combinación de factores estructurales que dificultan la generación de empleo formal, siendo el alto costo del Estado uno de los más determinantes. “Si el Estado no empieza a entender que debe reducir su peso sobre el ciudadano, la informalidad va a seguir siendo una opción para muchos”, sentenció.

La informalidad como escape ante un sistema pesado

Uno de los aspectos más destacados de su análisis fue cómo el sistema estatal, en lugar de aliviar la situación, muchas veces la agrava. Pereira señaló que el peso fiscal y regulatorio del Estado no solo asfixia al sector productivo, sino que muchas veces termina desincentivando la formalización laboral.

Un ejemplo concreto es el de las políticas sociales. “Hay muchas personas que reciben prestaciones —como las tarjetas del MIDES— y cuando buscan trabajo, piden mantener esa ayuda porque con lo que ganan formalmente no les alcanza”, explicó. Según Pereira, esta situación convierte al propio Estado en “cómplice de la informalidad”, generando un círculo vicioso que impide que los trabajadores salgan realmente adelante.\

Subsidios sin control: políticas que perpetúan problemas

Pereira también hizo hincapié en la falta de controles sobre las políticas sociales. “Se siguen dando prestaciones, pero no hay una evaluación sobre su eficacia”, dijo. En su visión, muchas de estas políticas públicas se perpetúan sin que nadie revise si cumplen su cometido o si, por el contrario, fomentan prácticas que perjudican al sistema formal.

“Lo vemos en el BPS y sabemos que en otros organismos ocurre lo mismo. Se entregan ayudas sin contraprestaciones, sin auditoría, sin un control real de su impacto. Así no se puede construir un sistema sostenible”, afirmó.

Además, criticó la falta de capacidad del Estado para “detener políticas que ya no cumplen ninguna función”. De acuerdo al director, el sistema público necesita con urgencia una revisión profunda que permita identificar qué programas realmente aportan a la inclusión laboral y cuáles solo la obstaculizan.

Una advertencia desde la experiencia en el BPS

Desde su posición en el directorio del BPS, Pereira asegura ver todos los días las consecuencias de un sistema que, según él, no está funcionando. “La gente recurre a la informalidad porque no ve otra opción. El empleo formal no rinde, y el sistema de aportes y beneficios muchas veces no es claro ni justo. Eso desalienta a trabajadores y empleadores por igual”.

En ese sentido, remarcó que si bien es necesario que exista protección social, esta debe estar articulada con un sistema que promueva el empleo genuino, digno y sustentable. “La solución no es seguir repartiendo subsidios eternamente, sino hacer que trabajar formalmente sea una opción viable”, puntualizó.

Conclusión: la necesidad de reformas urgentes

Pereira concluyó que sin reformas estructurales profundas, el país seguirá generando informalidad y dependencia del Estado. “Necesitamos un Estado que incentive, no que obstaculice. Si no corregimos esto, vamos a seguir teniendo una economía informal fuerte y un sistema formal cada vez más débil”.

La advertencia está sobre la mesa. Según el director del BPS, el futuro laboral de Paysandú —y del país— dependerá de que se tomen decisiones valientes y urgentes para reducir el peso del Estado, controlar el gasto y fomentar políticas laborales que promuevan la formalización y el desarrollo