Esteban OberttiLa edila del Frente Amplio Silvia Fernández cuestionó los planteos que proponen trasladar centros de atención del INAU o refugios sociales hacia zonas alejadas de la ciudad y sostuvo que esas alternativas pueden terminar profundizando la exclusión de personas que necesitan justamente mayores oportunidades de integración.
En entrevista con Radio Paysandú, Fernández retomó el debate que se produjo en la Junta Departamental y planteó que niños, adolescentes y jóvenes atendidos por organismos públicos mantienen los mismos derechos que el resto de la población.
“¿Por qué no lo ponemos en una chacra?”, se preguntó al referirse a una de las alternativas planteadas durante la discusión. Para la edila, la respuesta debe partir del reconocimiento de que quienes atraviesan situaciones complejas necesitan permanecer cerca de los servicios educativos, sanitarios y sociales.
Fernández apeló también a su experiencia como docente para explicar su posición.
Señaló que durante su trayectoria trabajó con niños vinculados al INAU y con estudiantes que presentaban distintas dificultades, sin que eso significara excluirlos de los centros educativos.
“Como docente he tenido niños del INAU y niños problemáticos, y nadie me vino a decir que los sacara de la escuela”, expresó.
Agregó que ante este tipo de situaciones corresponde generar acompañamiento y coordinación con profesionales e instituciones.
“Los abordamos, los llevamos a los psicólogos, hablamos con los psiquiatras, hablamos con el INAU, los atendemos y les enseñamos”, afirmó.
Para Fernández, la respuesta no puede ser apartar a una persona simplemente porque su situación genera dificultades.
“No podemos evadir esa situación y decir: ‘como me genera un problema acá, que no vengan más’”, sostuvo.
La edila puso especial énfasis en las oportunidades que deben tener los jóvenes atendidos por el INAU.
A su entender, trasladarlos a lugares alejados puede dificultar el acceso cotidiano a centros educativos, servicios sanitarios y programas de tratamiento.
“¿Qué oportunidades les vamos a dar a esos jóvenes para que tengan las mismas oportunidades que cualquier otro joven?”, planteó.
Fernández mencionó el derecho a estudiar, acceder a tratamientos por consumo problemático y participar en procesos de rehabilitación.
“Tienen derecho a estudiar, tienen derecho a rehabilitarse, tienen derecho a dejar el consumo y hacer un tratamiento”, remarcó.
La representante frenteamplista señaló que las políticas que impulsa el Gobierno apuntan, según su visión, a reconstruir vínculos sociales deteriorados y generar procesos de integración.
Fernández sostuvo que los episodios de violencia no siempre pueden explicarse exclusivamente desde la delincuencia.
Indicó que existen situaciones de salud mental, consumo problemático y exclusión social que también pueden derivar en conflictos.
“Si tengo un problema de salud mental puedo generar un acto de violencia, pero no porque sea delincuente, sino por mi propia condición”, explicó.
Por esa razón, consideró necesario abordar las causas y ofrecer tratamientos adecuados.
Fernández afirmó que el objetivo final debe ser recuperar una convivencia social pacífica y evitar que los problemas se profundicen.
“Tenemos que abordar todas esas condiciones para que esa persona vuelva a ser una persona que pueda convivir”, señaló.
La edila reconoció que se trata de procesos complejos y que los resultados no pueden esperarse de manera inmediata.
“Esto no creció de un día para otro y tampoco se arregla de un día para otro”, expresó.
Frente a las críticas hacia la gestión nacional, Fernández defendió las políticas desarrolladas durante el último año.
“Se dice que en un año no hicieron nada. En un año hicimos mucho”, afirmó.
Su planteo se suma al debate abierto en la Junta Departamental sobre la ubicación de refugios y centros vinculados al INAU y el MIDES, una discusión en la que el Frente Amplio ha puesto el foco en evitar la estigmatización y garantizar el acceso a derechos y servicios.
