Esteban OberttiLas autoridades de la salud analizan la posibilidad de que la Fundación Pérez Scremini se transforme en un centro nacional de referencia para la atención de niños y adolescentes con cáncer.
El diputado del Frente Amplio Juan Gorosterrazú informó en una entrevista con Radio Paysandú que existe disposición para avanzar en la propuesta, planteada luego de una visita a la institución y de conocer el nivel de los tratamientos que allí se desarrollan.
El legislador explicó que Uruguay cuenta con una normativa que permite establecer centros de referencia para determinadas patologías. La definición deberá ser adoptada por el Poder Ejecutivo y las autoridades sanitarias correspondientes.
“Están afines a generar un centro de referencia. Existe una ley sobre centros de referencia para determinadas patologías y ahora queda en manos del Ejecutivo disponerlo”, señaló Gorosterrazú.
La propuesta busca que la Fundación Pérez Scremini se consolide como el principal centro del país para la atención de la oncología pediátrica, concentrando recursos humanos, tecnología, experiencia y tratamientos de alta complejidad.
Según el diputado, en la institución se realizan procedimientos de primera línea y existe un vínculo permanente con especialistas nacionales y extranjeros.
Gorosterrazú recordó que, durante una visita anterior, tuvo la oportunidad de coincidir con oncólogos y profesionales provenientes de Brasil, Países Bajos y Alemania, entre otros países.
A su entender, ese intercambio internacional y la experiencia acumulada colocan a la Fundación en condiciones de asumir un papel de referencia para todo el sistema de salud.
La Fundación Pérez Scremini desarrolla su tarea mediante una combinación de recursos públicos y aportes privados.
Gorosterrazú explicó que una parte importante de su funcionamiento depende del presupuesto asignado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado, aunque la institución también recibe donaciones de empresas, organizaciones y particulares.
ASSE aporta la dirección técnica, profesionales médicos, personal de enfermería y una partida presupuestal relevante para sostener la atención de los pacientes.
“Más allá de que depende en gran medida de las donaciones, ASSE tiene allí una dirección técnica, recursos médicos y de enfermería, y asigna un presupuesto importante”, indicó.
La intención es que el centro pueda atender a todos los niños del país que requieran tratamientos oncológicos especializados, sin importar el departamento en el que residan o el prestador de salud al que pertenezcan.
Para Gorosterrazú, centralizar la atención permitiría mejorar los estándares de calidad, aumentar la experiencia de los equipos profesionales y asegurar un acceso más equitativo a las tecnologías disponibles.
El legislador sostuvo que uno de los elementos determinantes para alcanzar buenos resultados en patologías complejas es el volumen de pacientes atendidos por cada centro.
La concentración de casos permite que los profesionales adquieran mayor experiencia, que los equipos funcionen de manera coordinada y que los recursos tecnológicos sean utilizados con mayor eficiencia.
“Los estándares de calidad también tienen que ver con el volumen de pacientes. Uruguay cuenta con el volumen necesario para tener un centro de referencia”, afirmó.
Gorosterrazú mencionó el ejemplo de Países Bajos, donde durante años funcionaron unos 30 centros especializados para una población cercana a los 18 millones de habitantes. Posteriormente, el sistema fue reorganizado para concentrar la atención.
El diputado señaló que Uruguay posee condiciones favorables para avanzar en un modelo de este tipo y consideró que el país se encuentra bien posicionado en el tratamiento de la oncología pediátrica.
No obstante, remarcó que todavía es necesario mejorar la coordinación institucional y formalizar la creación de un centro nacional de referencia.
Durante la entrevista, Gorosterrazú también informó que se continúa trabajando en un proyecto de ley relacionado con el denominado “olvido oncológico”.
La iniciativa procura que, luego de transcurrido un determinado período desde la finalización del tratamiento y sin recaídas, los antecedentes de una persona que atravesó una enfermedad oncológica no sean utilizados para restringir su acceso a determinados servicios.
El proyecto plantea un plazo de cinco años de sobrevida luego del tratamiento, a partir del cual esos antecedentes no deberían incidir en trámites vinculados con seguros, créditos u otras contrataciones.
Según el diputado, una persona que recibió el alta no debería continuar siendo discriminada por una enfermedad superada, debido a que su posibilidad de desarrollar nuevamente una patología puede ser similar a la de cualquier otro ciudadano.
La propuesta permanece en estudio y Gorosterrazú expresó su expectativa de que pueda ser aprobada durante el actual período legislativo.
