Esteban OberttiEl Instituto Cuesta Duarte sigue con atención el proceso relacionado con la posible instalación del proyecto de HIF Global en Paysandú y plantea la necesidad de discutir qué papel debe asumir el Estado frente a las grandes inversiones privadas.
Eduardo Burgos, integrante del instituto y trabajador del sector metalúrgico, sostuvo en Radio Paysandú que un emprendimiento de esta magnitud puede representar un antes y un después para la industria nacional.
Sin embargo, afirmó que el debate no debe limitarse a definir si la empresa concreta o no su inversión.
“Lo que tendríamos que discutir es si dejamos que la inversión quede aferrada solamente a la iniciativa privada o si el Estado también tiene que invertir”, expresó.
Para Burgos, esa discusión incluye analizar en qué sectores coloca recursos el Estado, cómo se vincula con los proyectos privados y cuáles son las condiciones que se aceptan para lograr que una megaindustria se instale en el país.
Uno de los puntos que genera preocupación es el costo fiscal asociado a este tipo de emprendimientos.
El integrante del Instituto Cuesta Duarte señaló que las grandes inversiones suelen estar acompañadas por exoneraciones, renuncias fiscales y compromisos asumidos por el Estado.
También recordó que, en ocasiones, estas empresas tienen capacidad para influir sobre la orientación de las políticas públicas.
“Estas megaindustrias colocan condicionantes y terminan definiendo la política estatal. Muchas veces tienen más poder que los propios Estados”, sostuvo.
Burgos relacionó este fenómeno con las cadenas globales de valor, los encadenamientos productivos regionales y la geopolítica.
A su entender, existe una serie de factores que puede colocar a los países en una situación de dependencia frente a grandes capitales internacionales.
“Se terminan generando las condiciones para que los Estados sean rehenes de estas grandes inversiones”, afirmó.
El dirigente aclaró que esta discusión no corresponde exclusivamente a un partido o sector político.
Recordó que durante el período de gobierno anterior la instalación de una nueva planta de celulosa y la construcción del Ferrocarril Central tuvieron un impacto decisivo en la economía y la inversión.
En el caso de HIF Global, sostuvo que todavía deben conocerse las definiciones finales, aunque existen señales de que el proceso podría avanzar.
La empresa proyecta una inversión superior a los 5.000 millones de dólares para desarrollar una planta vinculada a la producción de combustibles sintéticos e hidrógeno verde.
Burgos reconoció que la llegada de una inversión de ese tamaño puede ser importante para la generación de empleo.
No obstante, afirmó que el país debe negociar con firmeza para evitar que el proyecto llegue completamente diseñado y construido desde el exterior, sin participación significativa de la industria uruguaya.
“Estamos de acuerdo si es para generar puestos de trabajo. A veces hay que tragarse un sapo, pero también tenemos que pelear para que sea trabajo de calidad y para que no venga todo llave en mano”, señaló.
Para el Instituto Cuesta Duarte, uno de los aspectos centrales es definir qué porcentaje de la obra y de los servicios será cubierto por empresas, técnicos y trabajadores nacionales.
“Es una planta de más de 5.000 millones de dólares. ¿Qué componente nacional vamos a generar para esa industria?”, preguntó.
Burgos planteó que la discusión debe incluir la producción de equipos, las obras de montaje, el mantenimiento y la construcción de una red de proveedores vinculada al proyecto.
Sostuvo que el impacto no debería limitarse a los empleos temporales generados durante la construcción.
La inversión, afirmó, tendría que dejar capacidades instaladas, empresas proveedoras, conocimiento y oportunidades laborales permanentes.
Otro punto de atención es el suministro de energía.
Burgos mencionó la posibilidad de que UTE venda energía a un precio especial para viabilizar el emprendimiento.
A su juicio, si el país asume ese esfuerzo, también debe reclamar que la infraestructura energética incorpore componentes nacionales y genere actividad industrial local.
“La generación de energía tiene que hacerse colocando componente nacional, para que no solamente haya mano de obra en el montaje, sino también una red de proveedores”, expresó.
El dirigente también destacó la necesidad de comenzar cuanto antes la formación de los trabajadores que podrían incorporarse a esta nueva industria.
La producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos requiere conocimientos específicos que actualmente no están extendidos en el mercado laboral uruguayo.
“¿Quién sabe trabajar hoy en hidrógeno verde? Es una gran refinería”, señaló.
Burgos planteó que Uruguay debería comenzar a formar tecnólogos, técnicos e ingenieros especializados en este tipo de procesos.
A su entender, esa preparación permitiría que los puestos de mayor calificación no sean ocupados únicamente por trabajadores provenientes del exterior.
“Tenemos que pensar desde ahora cómo generamos tecnólogos e ingeniería para este tipo de industrias”, afirmó.
El Instituto Cuesta Duarte considera que el análisis de HIF Global debe superar la cifra total de inversión y la cantidad inicial de empleos anunciados.
El debate, sostuvo Burgos, debe incluir la calidad del trabajo, la transferencia de conocimientos, la participación de la industria nacional y las obligaciones asumidas por el Estado.
La llegada de una megaindustria puede abrir oportunidades importantes para Paysandú y el país, pero también exige establecer condiciones para que sus beneficios permanezcan en Uruguay.
