Grupo contrario a HIF Global reclama respuesta de la Corte Electoral por las 17.200 firmas presentadas

Leonardo Velassi señaló que las adhesiones superan ampliamente el 15% del padrón requerido para promover una consulta popular en Paysandú. Cuestionó el silencio del organismo y defendió que el tema es de competencia departamental.
Actualidad01 de julio de 2026Esteban OberttiEsteban Obertti

El grupo de vecinos que rechaza la instalación de la planta de HIF Global en Paysandú presentó 17.200 firmas ante la Junta Departamental, con el objetivo de habilitar una consulta popular sobre el proyecto. Según explicó Leonardo Velassi en entrevista con Radio Paysandú, la cantidad de adhesiones supera ampliamente el porcentaje exigido por la normativa para impulsar este mecanismo de participación ciudadana.

Velassi señaló que en total se juntaron aproximadamente 18.200 firmas, aunque finalmente fueron entregadas 17.200, debido a que unas mil no pudieron completarse correctamente con los datos de la credencial cívica.

“Juntamos en Paysandú 18.200 firmas. Se entregaron 17.200 porque hubo 1.000 firmas que no pudimos completar con las credenciales”, explicó.

El dirigente sostuvo que el número alcanzado está por encima del 15% del padrón electoral requerido para abrir una instancia de consulta popular en el departamento. Según indicó, el padrón electoral de Paysandú ronda las 96.000 personas, por lo que las firmas presentadas superan con amplitud el mínimo necesario.

El trámite tuvo una primera instancia el 10 de junio, cuando representantes del colectivo se reunieron con la presidenta de la Junta Departamental de Paysandú. Velssi explicó que en esa oportunidad participaron autoridades del legislativo departamental con escribano y abogado, mientras que el grupo también concurrió acompañado por su abogado y escribano.

“El 10 de junio, luego de un mes de tratativas con la presidenta de la Junta Departamental de Paysandú, nos recibieron con su escribano y su abogado, y nosotros con nuestro abogado y nuestro escribano”, relató.

Posteriormente, las firmas fueron remitidas a Montevideo y, según señaló Velassi, llegaron a la Corte Electoral el lunes siguiente, el 15 de junio. Desde entonces, el colectivo afirma no haber recibido una respuesta formal del organismo sobre el estado del trámite ni sobre los pasos a seguir.

“Desde ese momento, por parte de la Corte Electoral, existe un silencio monolítico en cuanto a qué va a pasar con las firmas nuestras”, cuestionó.

Velassi indicó que el abogado del grupo envió una nota, remitió dos correos electrónicos y concurrió personalmente a la Corte Electoral, sin obtener hasta el momento una respuesta concreta.

El referente del colectivo señaló que la única información pública que recibieron surgió a través de declaraciones de uno de los ministros de la Corte Electoral, quien indicó que el organismo evaluaría primero si el tema corresponde a la competencia departamental.

“Lo único que tenemos es una entrevista en la cual dijo que primero iban a evaluar si era de competencia departamental”, expresó.

Velassi cuestionó ese enfoque y sostuvo que el tema sí corresponde al ámbito departamental, ya que involucra aspectos vinculados a producción, ambiente, desarrollo sustentable, ordenamiento territorial e instalación de industrias en el territorio.

Además, dijo que luego se enteraron de que la Junta Departamental, tras recibir las firmas, envió una nota a la Corte Electoral solicitando que se evaluara si la iniciativa era efectivamente de competencia departamental.

“Nosotros decimos: ¿la Junta Departamental, el gobierno departamental, no sabe cuáles son sus competencias?”, planteó.

Para fundamentar su postura, Velazzi mencionó distintas normas que, según entiende el colectivo, respaldan la competencia departamental en la materia. Entre ellas citó la Ley 19.272, vinculada a descentralización y participación ciudadana, que asigna cometidos a los gobiernos departamentales en áreas como producción, ambiente y desarrollo sustentable.

También hizo referencia a la Ley 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que otorga potestades a los gobiernos departamentales en materia de planificación territorial e instalación de actividades productivas e industriales.

Asimismo, mencionó la Ley 9.515, que establece cometidos de los gobiernos departamentales, incluyendo aspectos relacionados con la protección de áreas paisajísticas y la conservación de la biodiversidad.

El planteo del colectivo se da en el marco del debate público generado por el eventual proyecto de instalación de HIF Global en Paysandú, una iniciativa que ha sido presentada como una inversión estratégica vinculada al hidrógeno verde y los combustibles sintéticos, pero que también ha despertado cuestionamientos de grupos ciudadanos por sus posibles impactos territoriales y ambientales.

Velassi insistió en que la cantidad de firmas alcanzada expresa una preocupación significativa de parte de la población sanducera y reclamó que la Corte Electoral brinde una respuesta clara sobre el trámite.

El grupo espera que el organismo defina si corresponde validar las adhesiones y avanzar hacia la consulta popular, mecanismo que, según sus impulsores, permitiría que la ciudadanía de Paysandú se pronuncie sobre un proyecto considerado de fuerte impacto para el departamento.

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