Colacce reclamó renuncias en el Mides tras la muerte de una persona en situación de calle

El edil nacionalista cuestionó la actuación del Ministerio de Desarrollo Social y sostuvo que la normativa vigente permite intervenir cuando existe riesgo grave de vida, incluso sin consentimiento, si así lo determina un médico.
Actualidad19 de junio de 2026Esteban OberttiEsteban Obertti

En otro tramo de la sesión de la Junta Departamental, el edil Colacce, quien ocupó el cargo de director adjunto del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno anterior, realizó un duro planteo tras la muerte de una persona en aparente situación de calle en Paysandú.

El curul reclamó responsabilidades políticas y pidió la renuncia de la directora departamental del Mides y del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, al entender que existió una ausencia del Estado en la aplicación de las herramientas legales disponibles para atender situaciones de riesgo.

Durante su exposición, Colacce sostuvo que Uruguay cuenta con normativa vigente para actuar ante casos de personas que se encuentran a la intemperie y con riesgo grave de vida. En ese sentido, señaló que no se trata de un vacío jurídico, sino de una falta de aplicación efectiva de la ley.

“La ley existe y, por lo tanto, el Estado debe actuar como tal. No estamos en un vacío jurídico”, expresó en sala.

El edil hizo referencia a la normativa que establece que aquellas personas que se encuentran a la intemperie, en situación de riesgo grave de vida o de muerte, pueden ser trasladadas a refugios u otros espacios de asistencia, incluso sin su consentimiento, siempre que así lo determine un médico acreditado.

A partir de ese marco, Colacce consideró que la muerte pudo haberse evitado si hubiera existido un seguimiento adecuado y una intervención oportuna de los organismos competentes.

“Esta muerte, de haber sido monitoreada y de no tener un Estado ausente, hubiera sido una muerte evitable”, afirmó.

También mencionó la existencia de un decreto reglamentario que organiza la actuación coordinada entre el Mides, ASSE y el Ministerio del Interior, y que establece obligaciones para proteger la vida de las personas en estas circunstancias.

“La legislación no está ausente. Lo que está ausente es su aplicación por parte del Estado de forma efectiva”, remarcó.

Colacce cuestionó además la falta de comunicación institucional entre las autoridades nacionales del Mides y el gobierno departamental. Según sostuvo, hasta el momento de tratarse el tema en la Junta Departamental, ni el ministro Gonzalo Civila ni la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social se habían comunicado con el intendente de Paysandú.

El edil también rechazó que la responsabilidad sea trasladada al Cecoed o a otros organismos departamentales. A su entender, el abordaje de las personas en situación de calle no puede quedar diluido entre distintas instituciones ni ser presentado como un problema ajeno al Mides.

“No podemos socializar la responsabilidad, no podemos tercerizar el problema político”, expresó.

En su intervención, Colacce comparó la situación actual con la gestión anterior del Plan Invierno en Paysandú. Afirmó que, durante el período en el que le tocó estar al frente de ese trabajo, no se registraron muertes de personas en situación de calle en el departamento, pese a haber enfrentado contextos complejos como la pandemia y las inundaciones.

“Cuando estuvimos al frente del Plan Invierno en Paysandú, en ese período no se nos murió ni una persona”, señaló.

Para el edil, el hecho ocurrido no puede ser considerado aislado, sino que refleja una situación institucional grave. También advirtió que el invierno recién comienza y que el departamento ya debe lamentar una muerte en estas condiciones.

“Es lamentable la situación que está viviendo el departamento. Acéfala totalmente”, sostuvo.

Colacce insistió en que el Mides debe asumir responsabilidades directas y reclamó definiciones políticas ante lo ocurrido. En ese marco, pidió la renuncia tanto de la directora departamental como del ministro Gonzalo Civila, al considerar que no existió una respuesta adecuada frente a una situación de extrema vulnerabilidad.

El planteo generó un fuerte señalamiento político en la Junta Departamental, centrado en el rol del Estado, la coordinación interinstitucional y la obligación de proteger la vida de las personas en situación de calle, especialmente en el contexto de bajas temperaturas y del inicio del período invernal.

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