
Olivera negó denuncias contra Vercellino y cuestionó versiones públicas sobre el caso
Esteban OberttiEl intendente de Paysandú Nicolás Olivera compareció en la noche del lunes ante la Junta Departamental en el marco de un llamado a sala motivado por la renuncia del exjerarca Rodrigo Vercellino y por la sanción aplicada a la directora de Promoción Social, Guadalupe Caballero.
Durante su intervención, Olivera respondió cuestionamientos de ediles de la oposición y rechazó versiones públicas que vinculaban la salida de Vercellino con presuntas denuncias de acoso laboral, sexual o irregularidades administrativas.
El jefe comunal sostuvo que la Intendencia no puede actuar únicamente en base a publicaciones periodísticas ni sobre afirmaciones que, según dijo, no cuentan con respaldo formal.
“Nosotros no podemos basarnos exclusivamente en lo que dicen medios que nos atribuyen determinadas cuestiones que no son ciertas”, expresó.
Olivera fue especialmente crítico con algunas afirmaciones realizadas durante la sesión y aseguró que parte de los planteos formulados en sala no se ajustaban a la realidad de los hechos.
“No es cierto lo que dice una de las edilas que pregunta. Y le diría algo más: es mentira”, afirmó.
Uno de los principales puntos abordados por el intendente fue la cronología de los hechos vinculados a la renuncia de Vercellino. Según explicó, la dimisión del entonces jerarca fue presentada y aceptada mucho antes de que el tema comenzara a circular públicamente en medios de comunicación.
“Es mentira decir que esto estaba instalado públicamente antes de la renuncia”, sostuvo.
Olivera detalló que la renuncia de Vercellino fue presentada el 12 de marzo, mientras que las primeras publicaciones periodísticas sobre el caso aparecieron recién el 9 de abril.
“El señor Vercellino renunció el 12 de marzo y esto salió públicamente a partir de alguna instancia de prensa el 9 de abril”, indicó.
El intendente cuestionó además distintas versiones que comenzaron a circular posteriormente y aseguró que muchas de ellas no cuentan con denuncias formales dentro de la administración departamental.
“Salió que había investigaciones en curso porque se habrían ocupado lugares para desarrollar actividades. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna denuncia en ese sentido”, expresó.
También negó la existencia de denuncias económicas vinculadas al exfuncionario.
“Se habló de temas económicos relacionados con esta persona y no tenemos ninguna denuncia contra el señor Vercellino que hable de ese tema”, afirmó.
Otro de los aspectos que generó mayor repercusión pública fue la posibilidad de situaciones de acoso laboral o sexual. Sobre ese punto, Olivera fue enfático en señalar que actualmente la Intendencia no posee denuncias nominadas contra Vercellino.
“Nosotros hoy no tenemos denuncias nominadas contra el señor Vercellino”, aseguró.
Sin embargo, reconoció que existe una investigación administrativa en curso originada a partir de una denuncia presentada dentro de la Intendencia, aunque aclaró que en ese expediente no aparece mencionado el nombre del exjerarca.
“Existe una denuncia que hemos sustanciado en una investigación administrativa, pero no conocemos todavía el resultado porque no se dice quién es”, explicó.
Según indicó el intendente, esa investigación administrativa comenzó el 16 de marzo y continúa actualmente en trámite.
“Esperemos las resultancias de la investigación administrativa que arrancó el 16 de marzo”, señaló.
Olivera insistió en que hasta el momento no existe en el expediente ninguna referencia directa hacia Vercellino y sostuvo que corresponde esperar las conclusiones formales antes de emitir juicios públicos.
“En ningún momento, en el cuerpo de quien denuncia, se nombra a esta persona”, afirmó.
La comparecencia del intendente en la Junta Departamental se desarrolló en un clima de fuerte debate político, donde oficialismo y oposición intercambiaron posiciones sobre el manejo institucional del caso y los procedimientos internos adoptados por la Intendencia.
Mientras tanto, la situación continúa generando repercusiones políticas y administrativas en Paysandú, especialmente por tratarse de un caso que involucra a exjerarcas y procesos internos aún abiertos dentro de la administración departamental.


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