Esteban OberttiLa situación de los refugios para personas en situación de calle volvió a generar un intenso debate en la Junta Departamental de Paysandú. En esta oportunidad, los ediles del Frente Amplio Emerson Arbelo y Francisco Gentile respondieron a cuestionamientos realizados por representantes del Partido Nacional y defendieron el funcionamiento actual del sistema, además de aclarar el vínculo laboral de los trabajadores que se desempeñan en los centros de atención.
Durante la sesión, ambos dirigentes señalaron que parte de las críticas realizadas sobre la capacidad de los refugios y el manejo de los recursos omiten aspectos importantes del funcionamiento del sistema. También cuestionaron el tono utilizado en algunas intervenciones anteriores y advirtieron sobre expresiones que consideraron discriminatorias hacia personas en situación de vulnerabilidad.
Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la cantidad de cupos disponibles en los refugios de Paysandú. Arbelo recordó que durante la administración anterior las propias autoridades hablaban públicamente de una capacidad mucho mayor a la que hoy se reconoce.
“Ellos mismos decían en la prensa que había lugar para 60 personas y después hasta para 70”, expresó, en referencia a declaraciones de jerarcas de la gestión anterior. Según sostuvo, actualmente se afirma que los cupos son 30, lo que evidencia contradicciones en los discursos políticos sobre el tema.
El edil también cuestionó que se siga responsabilizando a la pandemia por diversas dificultades de gestión. “Siempre la pandemia como excusa”, afirmó, señalando que toda la sociedad atravesó ese período complejo y debió adaptarse.
“Todos buscamos soluciones y trabajamos para salir adelante”, expresó, agregando que sectores como el de la salud tuvieron que redoblar esfuerzos durante la emergencia sanitaria sin utilizarla posteriormente como argumento permanente.
Arbelo sostuvo además que muchas de las dificultades actuales se arrastran desde administraciones anteriores y consideró injusto atribuir todos los problemas al actual gobierno nacional.
Otro de los aspectos que generó mayor discusión fue el reclamo laboral realizado por trabajadores vinculados al refugio. En ese sentido, los ediles frenteamplistas aclararon que esas personas no son funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), sino empleados de una organización de la sociedad civil encargada de gestionar el servicio.
“El ministerio le paga a una asociación civil y esa asociación es la que tiene la responsabilidad de pagar los salarios”, explicó Arbelo durante su intervención.
Según indicó, el convenio funciona a través de contratos con organizaciones sociales, mecanismo utilizado históricamente para la gestión de distintos programas vinculados a la atención social.
Además, aseguró que desde el Mides se informó que la organización responsable en Paysandú se encuentra al día con los pagos correspondientes. “Con el CLAEH en Paysandú están al día”, afirmó.
Para los ediles del Frente Amplio, es importante diferenciar las responsabilidades administrativas para evitar confusiones en la opinión pública. “El que le debe a los funcionarios no es el ministerio”, remarcó Arbelo.
En paralelo, tanto Arbelo como Gentile criticaron algunas expresiones utilizadas en el debate sobre personas en situación de calle y el funcionamiento de los refugios. Consideraron preocupante que se instalen discursos de rechazo hacia quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.
“Se escuchó aporofobia y xenofobia”, afirmaron, haciendo referencia a comentarios sobre personas provenientes de otros departamentos o incluso de otros países que llegan a Paysandú buscando asistencia.
Los ediles reconocieron que existen problemas de convivencia y preocupación vecinal en algunas zonas donde funcionan refugios, pero señalaron que la discusión debe darse desde una perspectiva humanitaria y no desde el rechazo o la estigmatización.
“Comprendo que pueda molestar la situación, pero no es esa la forma”, expresaron, cuestionando mensajes que, según señalaron, terminan fomentando divisiones sociales.
Durante la sesión también se insistió en la necesidad de fortalecer las políticas sociales y mejorar las condiciones de funcionamiento de los centros de atención, aunque advirtieron que el problema de las personas en situación de calle es complejo y no puede reducirse únicamente a la apertura de refugios.
El debate reflejó nuevamente las diferencias políticas sobre el abordaje de la problemática social en Paysandú, mientras continúan creciendo las demandas tanto de vecinos como de trabajadores vinculados al sistema de asistencia.
