Ediles advierten crisis en refugios y falta de respuestas estructurales

La situación de las personas en situación de calle y el funcionamiento de los refugios volvió al centro del debate en la Junta Departamental de Paysandú. Durante la sesión, los ediles nacionalistas Alejandro Colacce y Luciana Osaba realizaron fuertes planteos sobre las condiciones actuales del sistema, las dificultades de los trabajadores y la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva integral.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la estrategia anunciada recientemente por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Colacce, quien se desempeñó como director adjunto del organismo en la anterior administración, sostuvo que las medidas presentadas no representan un cambio profundo, sino una reorganización de herramientas ya existentes.

“Refugios, planes de invierno, alertas rojas y ampliación de cupos ya existían”, afirmó el edil, señalando que no se trata de una innovación estructural. Según expresó, el problema es que las soluciones llegan tarde y continúan dependiendo en gran medida del voluntarismo.

Para Colacce, el propio Mides reconoce las limitaciones actuales al admitir que todavía no existen viviendas asistidas operativas en Paysandú. “Todo sigue siendo voluntario, no hay un nuevo marco legal”, indicó, cuestionando la falta de definiciones más firmes para abordar casos complejos.

En ese sentido, apuntó a declaraciones recientes de autoridades nacionales donde se planteó que se evaluará la obligatoriedad de algunas medidas vinculadas a la atención de personas en situación de calle. “Hablan de confirmar planes que ya existían”, sostuvo.

El edil también fue crítico con la gestión de recursos y el funcionamiento interno del sistema. Durante su intervención, mencionó reclamos realizados por trabajadores de refugios y funcionarios vinculados a la atención social.

“Cuando quienes levantan la voz son los propios trabajadores del sistema, es porque algo está funcionando muy mal”, expresó. Entre los problemas señalados mencionó falta de insumos básicos, deterioro edilicio, atrasos salariales y proveedores sin cobrar desde hace meses.

Según indicó, estas carencias repercuten directamente en la calidad de la atención. “La realidad es que muchas veces las personas en situación de calle no tienen para comer”, afirmó, describiendo un escenario de fuerte precariedad.

Por su parte, la edila Luciana Osaba puso el foco en la complejidad social y sanitaria que atraviesan muchas de las personas que viven en la calle, especialmente en materia de salud mental.

Osaba relató experiencias surgidas durante su paso por el consultorio jurídico, donde tuvo contacto con personas en situación de vulnerabilidad extrema. “Muchas de ellas tienen problemas de salud mental y otras dificultades que requieren un abordaje específico”, señaló.

En ese marco, defendió la importancia del trabajo territorial y del acompañamiento integral. “No es solamente un tema de techo o comida, hay múltiples factores que atender”, explicó.

La edila cuestionó además algunas interpretaciones simplificadas del debate público en torno a esta problemática. “No se trata de odiar a los pobres ni de enfrentar a vecinos con personas en situación de calle”, expresó, remarcando que el desafío es encontrar respuestas humanas y sostenibles.

Ambos ediles coincidieron en que el abordaje actual resulta insuficiente frente al crecimiento de la problemática. Consideran que el sistema necesita mayor coordinación, recursos y herramientas legales para actuar en situaciones donde las personas no pueden decidir plenamente por sí mismas.

Colacce insistió en que existen instrumentos ya elaborados que podrían aplicarse con mayor decisión. “Las herramientas están, hay que ejecutarlas”, sostuvo, reclamando menos anuncios y más acciones concretas.

El debate se da en un contexto donde aumentan los reclamos vecinales vinculados al funcionamiento de refugios y la presencia de personas en situación de calle en distintos puntos de la ciudad. Al mismo tiempo, trabajadores del sistema también han manifestado dificultades para desarrollar su tarea en condiciones adecuadas.

La discusión en la Junta Departamental dejó en evidencia que el tema atraviesa múltiples dimensiones: social, sanitaria, laboral y comunitaria. Mientras tanto, desde distintos sectores se insiste en la necesidad de construir políticas más efectivas que permitan atender una problemática cada vez más visible y compleja.