Esteban OberttiLa situación en la Escuela Departamental de Artesanías volvió al centro del debate público tras las declaraciones de la edila del Frente Amplio, Mabel D’Agostini, quien aseguró que existieron denuncias por acoso laboral contra el exjerarca Rodrigo Vercellino, las cuales —según indicó— no fueron debidamente atendidas.
En una entrevista concedida a Canal 3 TV Río, la legisladora departamental sostuvo que realizó pedidos de informes vinculados a estas situaciones, los cuales fueron respondidos en tiempo y forma, aunque cuestionó el contenido de las respuestas recibidas.
“Se me contestó en muy buen plazo, pero no se me contestó, a esta altura de los conocimientos, con la verdad absoluta”, afirmó, dejando entrever que la información brindada no reflejaba la totalidad de lo sucedido.
D’Agostini explicó que sus planteos se basan en presunciones, dado que —según señaló— no puede afirmar categóricamente todos los hechos denunciados. Sin embargo, remarcó que como integrante de la Comisión de Género y Derechos Humanos, y desde su rol político y personal, no puede ignorar las situaciones que llegaron a su conocimiento.
“No me pude quedar callada. Como mujer, como trabajadora y como representante política, no puedo permitir que se diga que no había malestar en la Escuela de Artesanías”, expresó.
La edila aseguró que existía un clima de incomodidad dentro de la institución, el cual trascendía lo meramente administrativo. Según relató, hubo tanto quejas verbales como escritas, e incluso se habría llegado a instancias judiciales.
En ese sentido, mencionó el caso de una persona que, tras un proceso prolongado de denuncias y reclamos, terminó abandonando su puesto de trabajo. “Dejó su trabajo, perdió su fuente laboral, la pasó muy mal. Era su única fuente de ingreso segura”, afirmó, subrayando el impacto humano de la situación.
Uno de los puntos centrales de su planteo fue el cuestionamiento al rol de la Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia. D’Agostini se preguntó por la actuación de este organismo ante denuncias de este tipo.
“Se supone que todas estas cuestiones tendrían que pasar por esa secretaría. Entonces, ¿qué hace? ¿A quién protege?”, planteó, poniendo en duda la eficacia de los mecanismos institucionales de respuesta.
Asimismo, hizo referencia a la importancia de que las políticas públicas en materia de derechos humanos y género se traduzcan en acciones concretas. “Se habla de cuidar y proteger a las mujeres, pero ¿de qué manera estamos cumpliendo con esa parte si sabemos de estas situaciones y nos quedamos callados?”, cuestionó.
La edila insistió en que su intención es visibilizar hechos que, a su entender, no pueden ser minimizados ni ignorados, especialmente cuando involucran posibles vulneraciones de derechos en ámbitos laborales.
Las declaraciones de D’Agostini se dan en un contexto de creciente polémica en torno a la renuncia de Vercellino, la cual desde el Ejecutivo departamental fue atribuida a motivos personales y sin la existencia de denuncias formales.
Sin embargo, las afirmaciones de la edila abren un nuevo capítulo en la discusión, al señalar que sí existieron reclamos y que incluso algunos derivaron en actuaciones judiciales, lo que podría profundizar el debate político e institucional en los próximos días.
El tema promete continuar generando repercusiones, en un escenario donde se cruzan versiones contrapuestas y donde la necesidad de esclarecer los hechos aparece como una demanda central tanto desde el ámbito político como desde la ciudadanía.
