El diputado del Partido Colorado por Paysandú, Walter Verri, expresó su fuerte desacuerdo con la decisión del gobierno de avanzar hacia el cierre de la planta de portland de ANCAP en Paysandú y manifestó su preocupación por las consecuencias económicas y laborales que podría tener para el departamento. Además, el legislador se mostró sorprendido por recientes declaraciones de la presidenta del ente, que incluso ponen en duda la continuidad de la planta de Minas si no mejora el negocio del cemento en los próximos meses.
Verri recordó que durante administraciones anteriores ya se había advertido sobre la delicada situación del negocio del portland y sostuvo que existió un intento de evitar un desenlace como el actual. Según explicó, desde su sector se había impulsado un plan de salvataje que contemplaba mantener en funcionamiento las dos plantas —Paysandú y Minas— mediante la incorporación de socios privados que aportaran inversiones.
“Lo habíamos alertado hace algunos años atrás, cuando el Frente Amplio, hoy en el gobierno, bombardeó el plan de salida nuestro, que era mantener las dos plantas abiertas con socios que invirtieran”, señaló el legislador. A su entender, la iniciativa fue rechazada tanto por el sindicato como por sectores políticos, lo que terminó frustrando la posibilidad de atraer capitales para modernizar la producción.
El diputado consideró que el contexto generado entonces terminó desalentando a posibles inversores. “Obviamente nadie quiere venir a un terreno hostil a invertir y mucho menos la cantidad de millones de dólares que había que invertir”, afirmó.
Frente a la actual propuesta que implicaría el cierre de la planta sanducera, Verri fue claro en su posición. “¿Qué puedo decirle? ¿Que estoy de acuerdo? No, no estoy de acuerdo”, expresó. No obstante, reconoció que el negocio del cemento enfrenta serias dificultades y que en las condiciones actuales resulta complejo sostener la producción.
“Lamentablemente no es viable el cemento en las actuales condiciones”, admitió, aunque señaló que la situación le genera “amargura y tristeza”, especialmente porque entiende que el costo de la reestructura recaería sobre Paysandú.
El legislador también manifestó su sorpresa por declaraciones recientes de la presidenta de ANCAP, que según trascendió habrían advertido sobre la posibilidad de cerrar también la planta de Minas si la situación del negocio no mejora entre abril y mayo. Según Verri, ese escenario no fue planteado en reuniones recientes con autoridades del gobierno.
“Hoy me enteré hace un rato de que la presidenta de ANCAP dio un paso más allá que la ministra. Si esto no se resuelve entre abril y mayo, se cerrarían las dos plantas”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que esa información no haya sido comunicada durante el encuentro que mantuvieron autoridades nacionales con representantes del departamento.
Para el diputado, esta situación genera dudas sobre la coordinación entre el Ministerio de Industria y la dirección de ANCAP. “No es la primera vez que hay este teléfono descompuesto entre el Ministerio de Industria y las autoridades de ANCAP”, sostuvo, y agregó que le preocupa que un gobierno funcione con ese nivel de descoordinación.
Verri también remarcó la preocupación existente en Paysandú por el impacto que la medida podría tener en el empleo y en la actividad económica local. A su juicio, el gobierno debe actuar con mayor rapidez y claridad para encontrar soluciones.
“Estoy esperando respuestas del gobierno que no llegan. Es el gobierno el que tiene que actuar”, afirmó, al tiempo que recordó que en otros momentos de crisis los gobiernos debieron asumir decisiones difíciles.
Finalmente, el legislador vinculó esta situación con otras dificultades que atraviesa el aparato productivo del departamento, mencionando problemas en frigoríficos y en otras industrias locales. Para Verri, la suma de estos factores evidencia la necesidad de adoptar medidas que permitan sostener la actividad y evitar una mayor pérdida de empleo en la región.
