Jean Pierre DutraEl intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, expresó su preocupación por la compleja situación económica y laboral que atraviesa el departamento, marcada por la paralización de algunas actividades industriales y el envío de cientos de trabajadores al seguro de paro. El jerarca realizó estas declaraciones en el marco de las gestiones que autoridades departamentales llevaron adelante ante el gobierno nacional para analizar la problemática y buscar alternativas.
Uno de los casos que genera mayor inquietud es el del frigorífico Fricasa, cuya situación está vinculada a las dificultades financieras derivadas del caso Conexión Ganadera, un esquema de negocios que funcionaba sobre la base de la confianza entre productores y la empresa.
Olivera explicó que el sistema de funcionamiento de ese negocio implicaba que los productores remitieran ganado al frigorífico con un plazo de cobro de aproximadamente 40 días. Ese mecanismo, que se sostenía por la confianza entre las partes, comenzó a resentirse cuando surgieron dudas sobre la situación financiera de la empresa.
“Si alguien está mandando ganado y le dicen que lo va a cobrar dentro de 40 días, y a la vez recibe información de que la empresa está atravesando dificultades, naturalmente busca retirar su ganado o enviarlo a otro lugar”, explicó.
Según el intendente, esa pérdida de confianza terminó afectando el flujo normal de la actividad, lo que agravó la situación operativa del frigorífico.
El jefe comunal advirtió que el panorama actual genera una fuerte preocupación en materia laboral. Entre los trabajadores que ya estaban afectados y los que podrían verse alcanzados por nuevas medidas, la cifra podría rondar las 400 personas vinculadas a Fricasa.
En ese contexto, Olivera señaló que la empresa anunció una parada de actividades por cuatro semanas, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro de la planta.
El intendente advirtió además que en ciertos procesos industriales detener la producción puede generar dificultades adicionales para retomar la actividad.
“Hay procesos en los que parar y luego arrancar nuevamente es más difícil y más trabajoso”, indicó.
Por ese motivo, alertó sobre el riesgo de que la situación evolucione hacia escenarios más complejos que el seguro de paro.
“Ojalá no tengamos que hablar de algo peor que el seguro de paro”, sostuvo.
Olivera también se refirió a las dificultades que enfrenta la industria frigorífica en general, donde los márgenes de rentabilidad son muy estrechos.
Según explicó, en algunos casos los frigoríficos llegan a perder dinero por cada animal faenado debido al costo del ganado.
“Hay empresas que dicen que por cada vaca que faenan pierden entre 150 y 200 dólares”, afirmó.
A esto se suma la paradoja de que Uruguay continúa ampliando sus oportunidades de exportación de carne en el exterior. El intendente recordó que recientemente se anunció la ampliación de la cuota de exportación a China, que pasó de 200.000 a 300.000 toneladas.
“Sin embargo, hay frigoríficos que están parando su actividad y el país no tiene carne suficiente para enviar”, señaló.
Otro de los puntos que Olivera destacó es el problema de competitividad que afecta especialmente a las regiones del interior del país.
Según explicó, cuanto más alejadas están las empresas de los principales centros de consumo o de exportación, mayores son los costos logísticos y operativos que deben afrontar.
“Cuando estás lejos de los centros de consumo y tenés mayores costos asociados, cualquier diferencia en los números puede definir la viabilidad de un emprendimiento”, afirmó.
En ese sentido, advirtió que la situación se vuelve aún más compleja en la región al norte del Río Negro, donde varias actividades productivas atraviesan dificultades.
El intendente también señaló que las autoridades departamentales no pueden limitarse a gestionar extensiones de seguro de paro para los trabajadores afectados.
Recordó que situaciones similares ya se han vivido en el departamento con otras empresas, como PIL Paysandú y el sector citrícola.
En el caso de Fricasa, explicó que los trabajadores ya estuvieron en seguro de paro durante gran parte del año pasado.
“Solo en ese período el Estado tuvo que destinar alrededor de dos millones de dólares para sostener esa situación”, indicó.
Para Olivera, ese dinero podría haberse utilizado de otra manera para sostener la actividad productiva y evitar que los trabajadores permanecieran sin empleo.
“Lo que quieren los trabajadores es trabajar, no vivir del seguro de paro”, concluyó.
