Farinha exige respuestas y responsabilidades por la situación en INAU

“No son números, son vidas”: El diputado nacional cuestionó la falta de información oficial, reclamó celeridad en los pedidos de informe y puso el foco en el acompañamiento a las familias afectadas
Actualidad13 de febrero de 2026Esteban OberttiEsteban Obertti

FERMIN FARINHA - Diputado Partido Nacional

El diputado nacional Fermín Farinha fue contundente al referirse a las recientes situaciones vinculadas a menores bajo tutela del Estado: “El momento de diagnósticos y observatorios ya pasó. Hoy lo que se necesitan son respuestas y responsabilidades”. Sus declaraciones se dan en un contexto de fuerte preocupación pública por fallecimientos y otras situaciones ocurridas en el sistema de protección.

Farinha sostuvo que, cuando el Estado asume la custodia de un menor, también asume la responsabilidad plena sobre su integridad física, su salud y su proceso de rehabilitación. “No estamos hablando de números ni de estadísticas. Estamos hablando de vidas, de familias que esperan explicaciones que no llegan”, afirmó.

Reclamo por información que “debería llegar de oficio”

Uno de los principales cuestionamientos del legislador apunta a la falta de información clara y oportuna por parte de las autoridades competentes. Según explicó, actualmente se está operando a través de mecanismos legislativos de contralor porque los datos no llegan “de primera mano y de oficio”, como deberían.

“Si hay un equipo técnico frondoso destinado a estas tareas, ¿qué están esperando para responder los pedidos de informe?”, planteó. Para Farinha, la demora en las respuestas no solo afecta el rol de contralor del Parlamento, sino que profundiza la incertidumbre de las familias involucradas.

El diputado subrayó que el seguimiento legislativo busca priorizar el componente humano del problema. “Las familias tienen derecho a una respuesta, a un seguimiento claro, a saber qué ocurrió y qué medidas se están tomando para que no vuelva a suceder”, remarcó.

El impacto en el interior y el rol del Estado

Farinha hizo especial hincapié en la realidad del interior del país, donde —según indicó— muchas veces el Estado se percibe como más distante. En ese sentido, señaló que existen casos donde las familias estaban presentes, acompañando procesos y procurando la rehabilitación definitiva de los menores.

“Pensar que hacia adelante no hay un contacto claro, que no hay una explicación, genera una angustia enorme. Es un relato muy duro cuando uno toma contacto directo con la familia”, expresó.

Para el legislador, la responsabilidad estatal no se limita a la custodia formal, sino que incluye garantizar condiciones adecuadas de atención y supervisión. “Cuando el Estado tiene a su cargo a un menor, debe preservar su vida, su salud y su bienestar. Esa es una obligación indelegable”, enfatizó.

Más allá del diagnóstico: responsabilidades y cambios

Farinha advirtió que el debate no puede quedar únicamente en evaluaciones técnicas o informes estadísticos. “Parecería que las situaciones terminan siendo números en un papel. Pero detrás de cada caso hay una historia y una familia que necesita respuestas”, dijo.

En ese marco, consideró que la instancia de intercambio y análisis debe servir para algo más que constatar fallas. “Lo que se busca es una instancia superadora. Que se asuman las responsabilidades que correspondan, sin duda, pero sobre todo que esto no vuelva a suceder”, sostuvo.

El diputado valoró además la posibilidad de haber dialogado sobre el tema en Paysandú y de incorporar esos testimonios como insumo en el ámbito parlamentario. A su entender, confrontar el relato oficial con lo que ocurre en la realidad es clave para impulsar mejoras efectivas en la gestión.

“Que esto no vuelva a pasar”

Finalmente, Farinha reiteró que el objetivo central no es la confrontación política, sino garantizar que el sistema funcione adecuadamente y proteja a quienes más lo necesitan. “Estamos hablando de menores que dependen del Estado. La prioridad debe ser su cuidado y su futuro”, concluyó.

En un escenario donde la sensibilidad social es alta y las familias reclaman claridad, el legislador reafirmó su compromiso de continuar utilizando las herramientas de control parlamentario para obtener respuestas. “No podemos naturalizar estas situaciones. La obligación es esclarecer, asumir responsabilidades y asegurar que no se repitan”, sentenció.

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