Tras seis años de lucha, esperan que el Poder Ejecutivo los incluya en la Ley 19.690 y defina su acceso al Fondo de Insolvencia Patronal
Actualidad11 de septiembre de 2025
Esteban OberttiLa situación de los extrabajadores de la exindustria láctea PILI continúa siendo un tema pendiente en la agenda política. A casi seis años del cierre de la planta en Paysandú, cerca de un centenar de familias siguen a la espera de una resolución definitiva sobre el acceso al Fondo de Insolvencia Patronal, herramienta prevista para amparar a quienes no pudieron cobrar lo que les correspondía tras el cese de la empresa.
En los próximos días, la expectativa se centra en el plenario parlamentario, donde se redactará la solicitud de inclusión de los exempleados en la Ley 19.690, que regula el funcionamiento de dicho fondo. Según explicaron los propios trabajadores, esta iniciativa será elevada posteriormente al Poder Ejecutivo, que tendrá la decisión final.
Desde 2018, cuando se confirmó el cierre de PILI, los extrabajadores iniciaron una serie de gestiones para reclamar el pago de créditos laborales y el respaldo que consideran legítimo. “Estamos ya cansados de toda esta lucha que hace seis años venimos siguiendo. Más allá del convencimiento de que nos corresponde, tenemos que esperar la resolución del Poder Ejecutivo”, señalaron con evidente desgaste, pero también con firmeza en sus convicciones.
Durante este tiempo, se han impulsado minutas de comunicación, resoluciones departamentales y proyectos legislativos, pero hasta el momento no se ha concretado la inclusión efectiva en el fondo.
En este contexto, los trabajadores adelantaron que solicitarán una reunión con el Ministro de Trabajo, Juan Castillo, con el objetivo de obtener la voluntad política necesaria para destrabar la situación. “Él ya está enterado de toda esta movida, pero queremos plantearlo directamente y conseguir un compromiso firme”, explicaron.
El encuentro, previsto para la próxima semana, busca ser un paso clave en la estrategia de presión institucional. Los extrabajadores consideran que el respaldo del Parlamento será importante, pero que sin la definición del Poder Ejecutivo, todo quedará en suspenso.
La incertidumbre también se vive con intensidad en el departamento. Los diputados por Paysandú han expresado su acompañamiento al reclamo, reconociendo la legitimidad de la demanda. “Hay expectativa de que en esta instancia se nos pueda tener en cuenta y podamos finalmente cobrar lo que nos corresponde”, expresaron los voceros de los trabajadores.
El apoyo político local se suma a un reclamo que ha sido constante en la agenda sindical y social del litoral norte, donde el cierre de PILI no solo dejó a decenas de familias sin sustento, sino que también significó un duro golpe económico y laboral para la región.
El Fondo de Insolvencia Patronal fue creado para cubrir deudas salariales y laborales en casos de cierre de empresas. Sin embargo, su aplicación ha generado debates sobre criterios de acceso, disponibilidad de recursos y tiempos de resolución.
Los extrabajadores de PILI han señalado que el fondo cuenta con recursos suficientes para ampararlos, aunque no descartan que el gobierno deba buscar alternativas complementarias si surgen trabas en su implementación. “Si nos dicen que no hay fondo, que se busque otra alternativa, pero que salga. Los plazos corren y nosotros ya venimos demasiado castigados desde 2018”, expresaron con firmeza.
La próxima semana será decisiva para este colectivo que, después de años de reclamos, espera finalmente ver una respuesta concreta. La reunión con el Ministro de Trabajo y la inclusión en el marco legal vigente podrían marcar un punto de inflexión.
Más allá de lo administrativo y lo legal, la expectativa de los extrabajadores de PILI es también una cuestión de justicia social. Se trata de familias que aún esperan por lo que consideran un derecho adquirido tras años de esfuerzo en la planta láctea sanducera.
“Queremos que este martes sea el inicio del cierre de un ciclo de lucha. Hemos esperado demasiado y confiamos en que ahora sí, con el respaldo político, se nos dé lo que nos corresponde”, concluyeron.
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La referente del grupo Ayúdame a Crecer recordó la importancia de aplicar la Ley 19.529 y de fortalecer el trabajo comunitario para dar apoyo real a quienes atraviesan situaciones de crisis.
A más de cinco años del cierre de la planta, cerca de un centenar de exempleados mantiene la esperanza de acceder a lo que consideran un derecho justo; el martes el Parlamento volverá a tratar el proyecto.
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