A más de cinco años del cierre de la planta, cerca de un centenar de exempleados mantiene la esperanza de acceder a lo que consideran un derecho justo; el martes el Parlamento volverá a tratar el proyecto.
Actualidad11 de septiembre de 2025
Esteban OberttiLa historia de los extrabajadores de la exempresa láctea PILI ha estado marcada por años de gestiones, frustraciones y esperas. Desde el cierre de la planta en 2018, el grupo de alrededor de cien familias sanduceras ha recorrido un camino lleno de obstáculos en busca de una solución que les otorgue respaldo económico por los años de labor en la histórica industria.
El próximo martes, una vez más, el Parlamento tendrá en sus manos una resolución clave: votar la inclusión de los extrabajadores en el Fondo de Insolvencia Patronal, un mecanismo previsto para cubrir situaciones como la que atraviesan desde hace más de un lustro.
Marcel Petrib, uno de los referentes del colectivo de extrabajadores, aseguró que la expectativa es alta, aunque el debate fue postergado una semana a pedido de legisladores del Partido Colorado.
“Más allá de que se iba a votar este martes pasado, nos pidieron aplazarlo para el próximo. Nos consultaron qué opinábamos y entendimos que era razonable esperar unos días más, porque lo importante es que estén presentes los tres diputados del departamento para que el respaldo sea completo y unido”, expresó Petrib.
Según explicó, la votación es un paso importante, pero no el definitivo. El Poder Ejecutivo tendrá luego la última palabra para concretar la inclusión en el Fondo. “Más allá de que se vote el proyecto presentado por el diputado Walter Berry, lo cierto es que la decisión final depende del Ejecutivo. Lo que pedimos es que se dé una solución concreta, sea con el Fondo o con otra alternativa, pero que se resuelva”, añadió.
El reclamo de los extrabajadores no es nuevo. Desde 2018 han elevado propuestas y recibido apoyos en distintas instancias políticas.
En 2022, la entonces diputada Cecilia Bottino presentó una minuta de comunicación en el mismo sentido. Más tarde, el edil Marcelo Tórtora impulsó otro proyecto que incluso fue respaldado por la Junta Departamental de Paysandú. El tema también llegó a la Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento, pero hasta ahora ninguna de esas iniciativas logró un desenlace favorable.
“Son muchos años de golpear puertas. Hemos hecho gestiones de todo tipo, tanto a nivel departamental como nacional. Por eso creemos que el martes puede ser un momento bisagra”, afirmó Petrib.
Uno de los puntos que genera incertidumbre entre los trabajadores es la disponibilidad de recursos. Según la información recabada en distintas instancias, el Fondo de Insolvencia Patronal cuenta con dinero suficiente.
“En el período pasado, cuando pedimos datos, nos dijeron que había casi ocho millones de dólares. Este año volvimos a consultar y también nos confirmaron que hay fondos. Lo que no queremos es que en medio del debate aparezca la excusa de que no hay plata. Si ese fuera el caso, pedimos que se busque otra alternativa, pero que se dé una solución de una vez”, señaló Petrib.
Para los extrabajadores, el tiempo juega en contra. Muchos de ellos han tenido que reconvertirse laboralmente o atravesar serias dificultades económicas en estos años. La esperanza, sin embargo, sigue intacta.
“Ya venimos muy cascoteados desde antes del 2018. Hemos hecho gestiones de todo tipo, siempre con la esperanza de conseguir lo que nos corresponde. Ahora, más que nunca, necesitamos que esto se concrete. No pedimos nada extraordinario, solo lo que entendemos es un derecho justo”, subrayó Petrib.
El próximo martes el Parlamento volverá a tratar el tema. Si el proyecto es aprobado, el Poder Ejecutivo deberá definir los pasos para efectivizar la inclusión de los extrabajadores en el Fondo.
Mientras tanto, las familias siguen en vilo. “Hemos esperado tanto que una semana más no cambia nada, pero lo que no podemos aceptar es que siga pasando el tiempo sin una solución”, concluyó Petrib.
La expectativa está puesta, entonces, en una sesión parlamentaria que podría marcar un antes y un después para los exempleados de PILI y sus familias, quienes llevan más de cinco años luchando por un reconocimiento que consideran legítimo y necesario.
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