
Vecinos de Guichón alertan sobre calidad del agua y esperan visita del subsecretario de Ganadería
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Marcelo Fagúndez pidió aplicar el decreto vigente y OSE se comprometió a impulsar una reunión con la Intendencia de Paysandú
Actualidad09 de septiembre de 2025La preocupación por el impacto de las fumigaciones y plantaciones cercanas a las unidades potabilizadoras de agua en Guichón volvió a instalarse en la agenda pública. Marcelo Fagúndez, integrante del grupo Vecinos por los Bienes Naturales de Guichón, manifestó que la situación es insostenible y denunció que no se respeta la normativa departamental vigente, aprobada en 2020, que establece un área de protección de 200 metros alrededor de las plantas.
Según Fagúndez, tras plantear el tema ante el presidente de OSE, Pablo Ferreri, el jerarca se comprometió a gestionar en las próximas semanas una reunión con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, para trasladarle formalmente la preocupación. “Lo que pedimos es que OSE acompañe nuestro reclamo y exija a la Intendencia que haga cumplir la normativa. No es OSE quien debe intimar, pero sí puede impulsar a que se actúe”, señaló.
El decreto departamental que regula el ordenamiento territorial en Guichón fue aprobado por unanimidad en la Junta Departamental en 2020, tras un proceso de elaboración de más de diez años. La norma prohíbe prácticas productivas riesgosas en zonas sensibles, como las cercanas a plantas potabilizadoras o centros poblados, y establece límites claros para plantaciones forestales y fumigaciones.
Sin embargo, a juicio de los vecinos, en estos cinco años las autoridades no han aplicado lo que el decreto establece. “Venimos exigiendo que se entienda, se estudie, se lea y se aplique. Son las mismas autoridades departamentales que estaban antes: el intendente Nicolás Olivera y el alcalde de Guichón conocen perfectamente el tema, pero en los últimos tiempos ni siquiera nos han recibido”, apuntó Fagúndez.
El vecino recordó además que la normativa prevé la creación de una comisión de seguimiento integrada por autoridades, empresas y actores sociales, que debería ser el ámbito natural para discutir estos conflictos. Sin embargo, en cinco años solo se reunió una vez, al inicio del primer período de gobierno de Olivera.
“Si esa comisión funcionara, podríamos sentarnos con las empresas forestales, con OSE, con las autoridades y encontrar soluciones. Pero como no se activa, lo único que queda es la presión pública. Hay intereses que hacen que no convenga aplicar este decreto ni darlo a conocer a la población”, aseguró.
Uno de los puntos más polémicos es la presencia de monocultivos forestales de UPM en zonas donde, según el decreto, deberían estar prohibidos. Fagúndez advirtió que la empresa estaría haciendo lobby para revisar la normativa y así mantener su modelo productivo en áreas donde actualmente no podría operar.
“En el corredor de protección turística, donde está la planta potabilizadora, está prohibida la explotación forestal. Sin embargo, hoy UPM tiene cultivos allí. Estamos atentos a que cuando se tale ese monte no se vuelva a plantar, como indica la normativa”, remarcó.
El activista también denunció que en la zona de Piñera existen plantaciones a solo 70 metros de centros poblados, cuando el decreto establece una distancia mínima de 500. “Todos sabemos los riesgos que eso trae, sobre todo en casos de incendios”, agregó.
Con la intervención de OSE y el compromiso de su presidente, los vecinos esperan que finalmente se concrete una reunión con el intendente y que la Intendencia asuma la responsabilidad de aplicar la normativa. Para Fagúndez, no se trata solo de cumplir con la letra de la ley, sino de garantizar un derecho fundamental: el acceso al agua segura.
“Ferreri tomó el tema con preocupación, y eso es un paso. Pero ahora necesitamos acciones concretas. El decreto está aprobado, solo falta voluntad política para hacerlo cumplir”, concluyó.
La expectativa de los vecinos está puesta en que el encuentro sirva para reactivar la comisión de seguimiento y, sobre todo, para que se respeten los 200 metros de protección alrededor de la planta potabilizadora de Guichón, un reclamo que lleva ya varios años sin respuesta.
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