Desde agosto, los precios de los combustibles ya no se actualizarán mensualmente, sino que lo harán cada 60 días. La medida busca mayor estabilidad para los consumidores, aunque podría generar aumentos más bruscos si el petróleo sube.
Actualidad25 de junio de 2025
Jean Pierre DutraEn una decisión que modifica el mecanismo vigente desde hace casi tres años, el Poder Ejecutivo resolvió que los precios de los combustibles en Uruguay se ajustarán cada dos meses y no cada treinta días, como se venía haciendo. A partir del 1º de agosto, las nuevas tarifas serán definidas bimestralmente en base al Precio de Paridad de Importación (PPI), referencia establecida por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA).
El anuncio, que fue confirmado por autoridades del área energética, implica un cambio de rumbo en la política de precios que buscaba reflejar mensualmente los vaivenes del mercado internacional del crudo. La decisión fue tomada, según trascendió, para brindar mayor previsibilidad a los consumidores y evitar ajustes muy frecuentes, que generan incertidumbre en hogares y empresas.
Según lo detallado, si en un mes el precio internacional del barril de petróleo sube, el ajuste no se trasladará de inmediato a los surtidores. En cambio, ese incremento será absorbido temporalmente por ANCAP o el Estado, y recién impactará en el ajuste correspondiente al mes siguiente. Esto significa que cualquier alza se acumulará y se aplicará cada dos meses, lo que podría derivar en aumentos más bruscos.
En ese sentido, las autoridades reconocieron que este cambio tiene un doble filo: así como en períodos de baja del crudo el consumidor no verá un descenso inmediato en el precio del combustible, tampoco se enfrentará a subas cada treinta días. Sin embargo, si el mercado internacional entra en una racha alcista, el ajuste bimestral podría resultar más fuerte que los ajustes mensuales parciales.
Uno de los aspectos clave de esta nueva modalidad será la banda de flotación que el gobierno implementó como medida de contención. De acuerdo al nuevo diseño, si la suba acumulada en el período bimestral supera el 7%, el incremento permitido será únicamente de hasta ese límite. El resto deberá ser absorbido por el Estado.
Esta medida, aseguran desde el gobierno, tiene el objetivo de proteger al consumidor ante escenarios internacionales desfavorables, donde el precio del crudo puede dispararse por conflictos, decisiones de la OPEP o fluctuaciones del mercado.
Desde algunos sectores técnicos se ha planteado que el sistema mensual ofrecía una mayor transparencia y fidelidad con los valores internacionales, además de permitir una distribución más gradual de las subas o bajas. "Si un producto va a subir todos los meses, es más razonable hacerlo escalonadamente", señalan, "porque cuando se concentra en un solo ajuste cada dos meses, el golpe es más fuerte".
Aun así, desde el Poder Ejecutivo se defiende la medida como una herramienta válida para dar estabilidad, en un contexto internacional volátil y ante una población que reclama certezas en el costo de vida.
El futuro de este nuevo esquema dependerá, en buena parte, de la evolución del precio del petróleo en los próximos meses. Si la tendencia es a la baja, el gobierno podrá mostrar que su política protege al consumidor. Si, en cambio, el crudo sube de forma sostenida, habrá presión para revisar el mecanismo.
En cualquier caso, lo cierto es que el cambio ya fue oficializado, y el próximo ajuste de precios en los combustibles se realizará recién el 1º de agosto. Hasta entonces, el valor actual se mantendrá, con el Estado asumiendo eventuales diferencias.
La decisión forma parte de un conjunto de medidas que apuntan a administrar con mayor flexibilidad los costos de energía, sin resignar el objetivo de sostenibilidad fiscal ni desatender las necesidades del consumidor.
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