Esteban OberttiEl ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que se investigará la actuación de su cartera en la fuga de Giuliano Rocha Sánchez, integrante de una organización criminal vinculada al narcotráfico en el barrio La Teja de Montevideo.
El hombre se fugó el pasado 3 de setiembre de la cárcel de Las Rosas, en Maldonado, tras obtener una autorización judicial para concurrir a una consulta odontológica fuera del establecimiento.
La salida fue concedida bajo un régimen de tutela, con la obligación de utilizar una tobillera electrónica y permanecer acompañado por un familiar, pero sin custodia policial. Una vez fuera del centro penitenciario, Rocha Sánchez se quitó el dispositivo de monitoreo y no regresó.
Consultado sobre el episodio, Negro remarcó que el procedimiento se realizó en cumplimiento de una resolución de la Justicia.
“Es un procedimiento que se ejecutó de acuerdo a una autorización judicial expresa”, afirmó.
La autorización fue otorgada el 24 de agosto por la jueza de Ejecución y Vigilancia de Maldonado, Viviana Barlocco. La resolución permitió que Rocha Sánchez saliera del establecimiento el 3 de setiembre, entre las 13 y las 16 horas, con monitoreo electrónico y bajo la responsabilidad de una persona que debía acompañarlo.
Según la documentación judicial difundida, fue un familiar quien lo retiró de la cárcel. El recluso no regresó y, ese mismo día, la Justicia dispuso su detención y captura internacional.
Rocha Sánchez había sido detenido en diciembre de 2025 durante la denominada Operación Babel y posteriormente condenado por delitos relacionados con el tráfico de drogas, armas de fuego y asociación para delinquir.
Negro sostuvo que el Ministerio del Interior revisará los aspectos del procedimiento que se encuentran bajo su responsabilidad, pero evitó adelantar conclusiones sobre la decisión judicial.
“Nosotros vamos a investigar seguramente lo que concierne al Ministerio del Interior. No podemos adelantar ni opinar sobre los aspectos que conciernen a otras instituciones”, manifestó.
El Instituto Nacional de Rehabilitación estaba elaborando un informe sobre lo ocurrido para elevarlo al ministro, mientras se anunciaba una investigación interna.
El objetivo será establecer cómo se desarrolló el procedimiento correspondiente a las dependencias del Ministerio y qué ocurrió con los controles durante la salida.
El secretario de Estado insistió en que no corresponde al Poder Ejecutivo pronunciarse sobre los fundamentos de una resolución adoptada por un juez.
“En lo que concierne a las decisiones de la Justicia, no emitimos opinión por principio y respeto a la separación de poderes”, señaló.
Negro explicó que las salidas especiales de personas privadas de libertad están contempladas en un sistema regulado legalmente y que los magistrados resuelven las solicitudes dentro de ese marco.
“Nosotros no podemos opinar sobre el mérito de esta decisión que tomó la Justicia competente”, reiteró.
Al 18 de setiembre, fecha en que trascendió públicamente el caso y el ministro realizó estas declaraciones, Rocha Sánchez permanecía prófugo y pesaba sobre él una orden de captura internacional.
La investigación anunciada deberá determinar si existieron fallas en los procedimientos que correspondían al Ministerio del Interior, sin prejuzgar sobre la actuación de los organismos involucrados.
