Vecinos del edificio Espínola denunciaron graves problemas estructurales y reclamaron respuestas

Patricia Malugani y Giovanna Etchamendi, vecinas del edificio Francisco Espínola, comparecieron ante la Junta Departamental de Paysandú para plantear la situación que atraviesan las familias residentes del complejo y reclamar respuestas ante los problemas constructivos que, según señalaron, comenzaron a aparecer prácticamente desde que recibieron sus apartamentos.

Durante su intervención, las vecinas hicieron especial énfasis en que las viviendas fueron adjudicadas a familias que cumplían determinadas condiciones sociales. Entre ellas, explicaron, se encontraba ser madres con hijos menores a cargo o tener hijos con discapacidad.

“Una de las condiciones para poder acceder a esta vivienda es que nosotros fuéramos madres con hijos menores a cargo o con hijos discapacitados”, señalaron ante los ediles.

En ese contexto, afirmaron que actualmente muchos de esos niños y jóvenes están viviendo en condiciones que consideran inaceptables debido al deterioro de los apartamentos.

Entre los principales inconvenientes mencionaron importantes filtraciones de agua. Según relataron, existen viviendas donde prácticamente todas las habitaciones presentan goteras, incluso sobre las camas y en puntos donde están ubicadas instalaciones eléctricas.

“Tenemos vecinas que en cada una de las habitaciones tienen goteras. En el medio de la cama se acuestan y por las bocas, los centros de la luz, cae agua”, expresaron.

Las representantes del edificio sostuvieron que los problemas no surgieron recientemente, sino que comenzaron a detectarse desde los primeros momentos posteriores a la ocupación del complejo.

A pesar de esas dificultades, remarcaron que los propietarios han cumplido regularmente con las obligaciones económicas correspondientes a las viviendas. Además de las cuotas mensuales, indicaron que debieron afrontar pagos extraordinarios destinados al mantenimiento y reparación de diferentes desperfectos.

Uno de los ejemplos planteados fue el ascensor del edificio. Según explicaron, los propios residentes tuvieron que aportar dinero para colocarlo en condiciones y evitar que representara un riesgo para quienes viven en el complejo, incluidos niños y personas con dificultades de movilidad.

También cuestionaron el estado de las instalaciones sanitarias. Indicaron que las cañerías de bajada desde el tanque de agua continúan siendo de material galvanizado y aseguraron que todavía no han podido sustituirlas pese a tratarse de un servicio esencial.

Las vecinas explicaron además que las viviendas fueron comercializadas por el Ministerio de Vivienda y financiadas a través de la Agencia Nacional de Vivienda, con cuotas expresadas en unidades reajustables.

En su exposición también recordaron que la empresa vinculada a la construcción del edificio posteriormente quebró, situación que terminó agregando dificultades a la búsqueda de soluciones.

Malugani y Etchamendi aseguraron que durante estos años realizaron diferentes reclamos ante los organismos correspondientes, pero cuestionaron que no hayan recibido una inspección integral que permita comprobar directamente el alcance de las patologías denunciadas.

“Nunca nadie fue a constatar las patologías que nosotros tenemos”, afirmaron.

Ante esa situación, señalaron que recurrieron a asesoramiento técnico y solicitaron informes profesionales para respaldar documentalmente los problemas existentes y evitar que los planteos quedaran solamente en testimonios de los residentes.

Las familias consideran que actuaron de buena fe al ingresar al programa habitacional y confiaron en que adquirir una vivienda a través del Estado les brindaría garantías frente a eventuales problemas constructivos.

Una de las vecinas relató incluso que destinó todos sus ahorros a poder acceder al apartamento, buscando garantizar una vivienda estable para su familia.

La presentación ante la Junta Departamental buscó precisamente trasladar el reclamo al ámbito político departamental y conseguir intermediación ante los organismos nacionales competentes para que se evalúe el estado del edificio y se encuentre una solución definitiva a problemas que, según denunciaron, llevan años afectando la calidad de vida de las familias.