Esteban OberttiEl debate por la distribución de médicos y especialistas en el país volvió a instalarse con fuerza. En entrevista con La Mañana de la Radio, por Radio Paysandú, el diputado del Frente Amplio Juan Gorosterrazú defendió el proyecto que plantea que profesionales de la salud recién recibidos deban cumplir una prestación obligatoria y remunerada en zonas donde el sistema necesita reforzar servicios.
La propuesta apunta a que, una vez recibidos, los profesionales puedan disponer entre 4 y 16 horas para brindar atención en el sistema de salud, bajo conducción del Ministerio de Salud Pública. Gorosterrazú remarcó que no se trata de trabajo gratuito, sino de una actividad paga, con el valor hora correspondiente a los especialistas.
El legislador explicó que el proyecto busca generar una especie de devolución social por la formación recibida en la Universidad de la República, financiada por toda la ciudadanía.
“La Universidad de la República la financiamos todos”, señaló Gorosterrazú, al plantear que el país debe encontrar mecanismos para que esa inversión pública también se traduzca en mejores servicios para la población, especialmente en los lugares donde más cuesta acceder a determinados profesionales.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es llevar atención médica a territorios donde existen dificultades para cubrir especialidades o servicios básicos. Según explicó el diputado, la rectoría del sistema debe estar en manos del Ministerio de Salud Pública, que sería el organismo encargado de determinar dónde se necesitan esos recursos humanos.
Gorosterrazú aclaró que el proyecto no pretende intervenir en la autonomía universitaria. La Universidad podrá seguir formando la cantidad de especialistas que considere necesaria. El punto de discusión aparece después, a la hora del ejercicio profesional.
“Si bien no nos metemos con la autonomía universitaria, a la hora de ejercer el Ministerio de Salud Pública tiene que conducir el sistema”, sostuvo.
La propuesta ya generó resistencias, principalmente entre algunos estudiantes de Medicina, en especial de Montevideo, según indicó el diputado. Uno de los artículos más cuestionados es precisamente el que vincula la habilitación profesional con la prestación de servicios definida por el MSP.
Para Gorosterrazú, la discusión no debe centrarse únicamente en la libertad individual del profesional, sino también en el interés general de la población. La tensión está planteada: por un lado, quienes entienden que la medida puede afectar la autonomía o la libre elección del lugar de trabajo; por otro, quienes ven en el proyecto una herramienta para reducir desigualdades en el acceso a la salud.
El legislador también mencionó que no se trata de una idea aislada. Según dijo, se analizaron experiencias internacionales en países como Chile, Australia, España y Cuba, donde existen mecanismos para llevar médicos y otros profesionales a zonas con menor cobertura.
El fondo del planteo toca una realidad conocida en el interior: muchas localidades tienen dificultades para acceder a especialistas, policlínicas completas o servicios de salud sostenidos en el tiempo. En ese escenario, el proyecto busca que el Estado pueda ordenar mejor los recursos humanos y acercarlos a donde realmente hacen falta.
Gorosterrazú insistió en que el Ministerio de Salud Pública debe ejercer la rectoría del sistema, no solo desde lo administrativo, sino también desde la planificación territorial de la atención.
La discusión recién comienza y promete seguir generando posiciones encontradas. Pero el diputado defendió la necesidad de avanzar en soluciones que permitan equilibrar el acceso a la salud entre Montevideo y el interior.
En Paysandú y otros departamentos, donde la falta de especialistas suele sentirse con fuerza, el debate tiene impacto directo. La pregunta de fondo queda abierta: cómo garantizar que la formación pública de profesionales también ayude a resolver las necesidades más urgentes de la población.
