Esteban OberttiEl diputado del Partido Nacional, Fermín Farinha, cuestionó duramente la solicitud realizada por la ministra de Industria, Fernanda Cardona, a los intendentes departamentales para que prioricen la compra de cemento Ancap en sus obras. En entrevista con Radio Paysandú, el legislador sanducero puso en duda si la iniciativa responde a una decisión personal de la ministra o si se trata de una postura formal del Poder Ejecutivo.
Farinha se refirió a la carta enviada por Cardona al Congreso de Intendentes, en la que la secretaria de Estado planteó que las transferencias que el gobierno nacional realiza a las intendencias implican una “corresponsabilidad” en el sostenimiento de la producción nacional, particularmente en relación con la planta de Portland de Ancap en Paysandú.
Para el diputado, el planteo abre varias interrogantes políticas. “La primera pregunta que me surge es si esto es una patriada de la propia ministra o es una postura del gobierno y del Poder Ejecutivo, del que está en conocimiento el presidente de la República”, señaló.
En ese punto, Farinha también vinculó el tema con la trayectoria del presidente Yamandú Orsi, recordando que durante diez años fue intendente de Canelones. Según el legislador, no se puede separar al mandatario de una discusión que involucra directamente a los gobiernos departamentales.
El nacionalista fue especialmente crítico con el eje del planteo oficial. A su entender, reducir la discusión sobre la viabilidad del negocio del Portland a cuántas bolsas compran las intendencias es una forma equivocada de encarar el problema.
“¿La discusión hoy de la sostenibilidad del negocio del Portland es cuántas bolsas de Portland compran las intendencias departamentales?”, preguntó Farinha, marcando su desacuerdo con el enfoque del Ministerio de Industria.
El diputado afirmó que el propio gobierno y el directorio de Ancap han reconocido que el negocio cementero genera pérdidas importantes. Según expresó, por cada bolsa de Portland que se vende, Ancap pierde dinero. “Si por cada bolsa que venden pierden 100 pesos, o más o menos, porque la tonelada les cuesta 9.000 pesos y la venden a 4.000, cuanto más vende más pierde”, sostuvo.
Para Farinha, ese dato cambia por completo el sentido del pedido realizado a los intendentes. Desde su perspectiva, no se puede presentar como solución la compra de más cemento por parte de las intendencias si el propio negocio funciona con pérdidas.
El legislador calificó la situación como una “gran cortina de humo” y fue más allá en sus cuestionamientos. “Es una gran cortina de humo que pretende tomarnos por tontos a todos los que estamos analizando este proceso”, afirmó.
Farinha también apuntó directamente contra la ministra Cardona, a quien acusó de haber “perdido el norte” al hablar de corresponsabilidad de los gobiernos departamentales. Según dijo, antes de enviar una carta al Congreso de Intendentes, la ministra debería haber consultado qué ocurre dentro del propio Estado nacional.
En ese sentido, planteó que hay organismos con presupuestos mucho más grandes que los de las intendencias y que también realizan obra pública. Mencionó particularmente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Ministerio de Vivienda, preguntando si esas carteras utilizan cemento Ancap en sus proyectos.
“Yo le preguntaría a la ministra si antes de mandar esa carta se tomó el trabajo de consultar al resto del Estado, que maneja un presupuesto bastante más abultado que el de las intendencias, para saber si la obra pública a nivel nacional se hace con Portland de Ancap”, expresó.
El diputado sostuvo que, si el planteo fuera realmente serio, debería haberse dirigido también a esos ministerios. Incluso consideró que, en el caso del Poder Ejecutivo, ni siquiera sería necesaria una carta formal, ya que los ministros comparten ámbitos de coordinación y se reúnen en Torre Ejecutiva.
La discusión vuelve a poner sobre la mesa el futuro de la planta de Portland de Ancap en Paysandú, un tema sensible por su impacto económico, laboral y político en el departamento. Mientras desde el gobierno se busca involucrar a las intendencias en el sostenimiento de la producción nacional, desde la oposición se cuestiona que se cargue sobre los gobiernos departamentales una responsabilidad que, según Farinha, debería ser asumida primero por el propio Poder Ejecutivo.
La polémica promete seguir creciendo, porque detrás del cruce político aparece una pregunta de fondo: cómo hacer sustentable un negocio que, según los propios números manejados públicamente, sigue generando pérdidas para Ancap.
