Vecinos reclaman traslado de refugio en Santa Elena

La Junta Departamental de Paysandú fue escenario de un nuevo planteo por parte de vecinos del barrio Santa Elena, quienes reiteraron su preocupación por la situación generada en torno al refugio que funciona en la zona. Durante la instancia, Juan Rotundo y Soledad Godoy expusieron una problemática que, aseguran, lleva años y que se ha agravado en el último tiempo.

“Hace varios años que venimos con esta problemática, pero en este último tiempo ha ido creciendo”, expresó Rotundo, quien vive frente al lugar donde funciona el refugio. Según explicó, en sus inicios el espacio tenía un carácter transitorio y estaba destinado a personas que atravesaban situaciones puntuales, con un tiempo limitado de permanencia.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esa dinámica cambió. “Se fue incrementando el problema y comenzaron a llegar personas de otros departamentos e incluso de otros países”, señaló. Esta situación, según los vecinos, derivó en una mayor presión sobre la capacidad del lugar y en dificultades para la convivencia en el barrio.

Uno de los principales cuestionamientos refiere a la capacidad del refugio. Rotundo indicó que, aunque en su momento se habló de un cupo de hasta 60 personas, en la práctica el espacio no estaría en condiciones de albergar más de 30. “Llega la tarde y quedan muchos afuera porque no hay lugar”, afirmó.

Esta falta de cupos genera, según los testimonios, que muchas personas permanezcan en las inmediaciones durante el día, lo que ha derivado en episodios de conflictos y peleas en la vía pública. “Hoy mismo hubo situaciones de enfrentamientos entre ellos”, relató.

A pesar de la preocupación, los vecinos también remarcan la importancia de mantener una mirada humana sobre quienes utilizan el refugio. “Son personas y no se trata de pelear con ellos”, aclaró Rotundo. No obstante, consideran que el problema radica en la ubicación y en las condiciones del espacio actual.

“Entendemos que no es el lugar adecuado para que funcione”, sostuvo, señalando que el predio es pequeño y que, si bien fue cedido con una intención solidaria, terminó generando consecuencias negativas para el entorno.

Los impactos en la vida cotidiana del barrio también fueron parte del planteo. Según indicaron, algunas actividades comunitarias se han visto afectadas. Mencionaron, por ejemplo, que ya no se realizan salidas didácticas con niños por la zona y que la participación en la iglesia local ha disminuido significativamente.

“Se han perdido valores del barrio”, afirmaron, describiendo un cambio en la dinámica social que preocupa a los residentes. En ese sentido, también señalaron que han intentado canalizar sus reclamos a través de distintas instituciones.

“Hemos agotado todos los recursos”, aseguró Godoy, detallando que han mantenido reuniones con autoridades policiales, representantes del Mides e incluso con autoridades eclesiásticas en Salto. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido una solución concreta.

Según relataron, desde el Mides se ha planteado que el refugio continuará funcionando en ese lugar, lo que genera frustración entre los vecinos. “Hace cuatro años que la respuesta es la misma”, indicaron.

El planteo central de los residentes es el traslado del refugio a un espacio más amplio y adecuado, que permita atender la demanda existente sin afectar la convivencia en el barrio. Consideran que se trata de una medida necesaria tanto para quienes utilizan el servicio como para la comunidad en general.

La situación expuesta en la Junta Departamental vuelve a poner sobre la mesa el desafío de abordar de forma integral las políticas sociales vinculadas a personas en situación de vulnerabilidad, buscando soluciones que contemplen tanto la asistencia como la convivencia urbana.

Mientras tanto, los vecinos de Santa Elena esperan respuestas concretas que permitan encauzar una problemática que, según afirman, sigue creciendo y afecta directamente su calidad de vida.