Esteban OberttiLa situación del frigorífico de Casa Blanca, en el departamento de Paysandú, fue llevada al Parlamento por el diputado Fermín Farinha, quien expuso con preocupación el impacto social y económico que atraviesan cientos de familias tras el cierre de la planta. En su intervención, el legislador puso el foco en la incertidumbre que viven los trabajadores y en la necesidad urgente de encontrar soluciones que permitan reactivar la actividad.
Farinha señaló que son más de 420 las familias directamente afectadas por esta situación, muchas de las cuales dependen exclusivamente de la actividad del frigorífico. De ese total, alrededor de 170 trabajadores no perciben ingresos desde febrero y marzo, lo que agrava aún más el escenario. Además, indicó que la totalidad de los empleados se encuentra sin cobertura, lo que incrementa la preocupación y la vulnerabilidad.
El cierre de la planta, que se concretó en marzo de este año, responde a dificultades financieras que la empresa no logró sostener. Sin embargo, el problema trasciende lo estrictamente empresarial y se convierte en una crisis social que golpea con fuerza a toda la comunidad. “A la incertidumbre que ya venían teniendo se le suma ahora la falta de ingresos”, remarcó el diputado.
Uno de los aspectos más sensibles que destacó Farinha es la composición de la plantilla laboral. Más del 60% de los trabajadores son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, responsables del sustento de sus familias. A esto se suma que una parte importante de estas trabajadoras supera los 45 años, lo que dificulta su reinserción en el mercado laboral en un contexto ya complejo.
El legislador subrayó que, más allá de los derechos laborales, los trabajadores no buscan únicamente compensaciones económicas, sino la posibilidad de volver a trabajar. En ese sentido, explicó que la falta de actividad también impide acceder a mecanismos como el despido, ya que la expectativa sigue siendo la reapertura de la planta.
Farinha informó que quienes están al frente de la empresa se encuentran en la búsqueda de alternativas, ya sea mediante la llegada de un inversor o la concreción de una venta en bloque que permita mantener operativa la unidad productiva. “Hay una expectativa de que esa luz no se apague”, expresó, en referencia a la esperanza de reactivar el frigorífico.
El impacto del cierre no se limita a los trabajadores directos. El diputado hizo hincapié en la cadena de valor que gira en torno al frigorífico, incluyendo proveedores, transportistas y otros actores que también ven afectados sus ingresos. Esto repercute en toda la economía local y departamental, generando un efecto multiplicador negativo.
Además, Farinha recordó que el frigorífico de Casa Blanca es uno de los más antiguos del país y que la localidad creció y se desarrolló en torno a esta industria. “El frigorífico es la vida del pueblo”, afirmó, destacando que generaciones enteras han encontrado allí su fuente de trabajo y sustento.
La preocupación también se extiende al futuro de la comunidad. Muchas familias ven con incertidumbre la posibilidad de que sus hijos puedan acceder a oportunidades laborales en el lugar donde crecieron. La paralización de la planta no solo afecta el presente, sino también las perspectivas a largo plazo.
Finalmente, el diputado reiteró la necesidad de avanzar en soluciones concretas que permitan revertir esta situación. La reactivación del frigorífico aparece como una prioridad no solo para los trabajadores, sino para todo el entramado social y económico de Casa Blanca, que hoy enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.
