Esteban Obertti
Tras una extensa y maratónica sesión que se prolongó por más de diez horas, la Junta Departamental de Paysandú aprobó el Presupuesto Quinquenal de la Intendencia con los votos del Partido Nacional, mientras que el Frente Amplio se manifestó en contra. En este contexto, ediles nacionalistas que responden al sector de Jorge Larrañaga Vidal realizaron una presentación pública en la que defendieron su postura, destacando el respaldo mayoritario al proyecto, aunque marcando diferencias en aspectos clave.
Aparicio Larrañaga, Marcelo Tortorella y Claudio Zanoniani coincidieron en subrayar que su accionar respondió a un equilibrio entre la responsabilidad de gobernar y la necesidad de no acompañar medidas que, a su entender, afectan directamente a la población, como el incremento de tributos.
Uno de los puntos centrales fue el respaldo a la gran mayoría del articulado. Según detallaron, de los 167 artículos que componen el presupuesto, acompañaron 163, lo que —según afirmaron— demuestra claramente una actitud de compromiso con la gestión departamental. “Le estamos dando gobernabilidad al intendente y las herramientas necesarias para llevar adelante su administración”, señalaron.
Sin embargo, marcaron una firme postura en contra de los artículos vinculados a aumentos impositivos. En ese sentido, Aparicio Larrañaga destacó el trabajo realizado dentro de la bancada, especialmente desde la lista 22, donde se propusieron modificaciones y alternativas durante el análisis del proyecto.
“Gobernar no es decirle a todo que sí”, afirmó, dejando en claro que el rol de los ediles también implica cuestionar y proponer mejoras. Según explicó, durante el estudio del presupuesto se señalaron aspectos técnicos y jurídicos que consideraban necesarios corregir, aunque no siempre encontraron eco en el Ejecutivo.
Uno de los artículos más cuestionados fue el relacionado con la gestión de medio ambiente y espacios públicos, que, según los ediles, en la práctica implicaba un nuevo impuesto. “Tiene poco de gestión y mucho de carga tributaria”, expresaron, cuestionando incluso la denominación utilizada.
En ese marco, remarcaron que la situación económica del departamento no es ajena a las dificultades que atraviesa la población. “Los vecinos de Paysandú no admiten más incrementos tributarios”, afirmaron, haciendo referencia al contexto social y económico actual.
Por su parte, Marcelo Tortorella y Claudio Zanoniani reforzaron la idea de que la postura adoptada no implica una división interna dentro del Partido Nacional, como se ha planteado desde algunos sectores de la oposición. Por el contrario, señalaron que las diferencias de criterio forman parte del funcionamiento democrático interno.
“La disidencia es parte de la democracia”, indicaron, insistiendo en que existen matices en las posiciones, pero no una ruptura. En ese sentido, defendieron la coherencia de su accionar, al tiempo que reafirmaron su pertenencia partidaria. “Somos blancos y vamos a seguir siéndolo, pero también tenemos la responsabilidad de actuar con criterio propio”, señalaron.
Los ediles también hicieron énfasis en que su compromiso principal es con la ciudadanía. “Nuestro compromiso es con la gente, no con decisiones automáticas”, expresaron, dejando en claro que cada artículo del presupuesto fue analizado en función de su impacto en la población.
A pesar de las diferencias en algunos puntos, coincidieron en la necesidad de mantener canales de diálogo abiertos y continuar trabajando en conjunto para mejorar la gestión. En ese sentido, reiteraron su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que beneficien al departamento.
La aprobación del presupuesto quinquenal marca un paso clave para la administración departamental, definiendo las líneas de acción y asignación de recursos para los próximos años. Sin embargo, el debate generado en torno a su contenido refleja las distintas visiones sobre cómo afrontar los desafíos económicos y sociales de Paysandú.
En definitiva, la postura de este grupo de ediles nacionalistas deja en evidencia una estrategia que combina respaldo institucional con independencia en temas sensibles, como la carga impositiva, en un escenario político donde el equilibrio entre gobernabilidad y representación ciudadana se vuelve central.
