El diputado del Partido Nacional, Fermín Farinha, anunció en CW35 que realizará un pedido de informes al Ministerio de Defensa ante el atraso en el pago de haberes a unos 600 trabajadores de la Armada que cumplen funciones bajo el régimen del Servicio 222, entre ellos varios sanduceros.
Según explicó el legislador, la situación se arrastra desde hace varios meses y genera una fuerte incertidumbre entre los funcionarios afectados. “Llevan muchos meses de atraso y además a cuestas un formato de liquidación que genera incertidumbre para hacerse del dinero que deben percibir por esa prestación”, expresó.
Farinha señaló que, de acuerdo a la información primaria recabada, los organismos que contratan estos servicios —como por ejemplo la Administración Nacional de Puertos— ya habrían abonado los montos correspondientes al Ministerio de Defensa. Sin embargo, esos fondos no estarían siendo liquidados a los funcionarios en tiempo y forma.
“Ese dinero está en posesión ya del Ministerio, pero se demora justamente en el pago. No llega, no se liquida y pasan varios meses”, afirmó.
El legislador remarcó que se trata de personal subalterno dentro de la estructura funcional de la Armada, es decir, funcionarios que perciben los salarios más bajos dentro de la cadena jerárquica. En ese contexto, el Servicio 222 representa un ingreso clave para complementar sus haberes.
“Es un incentivo importante por sus servicios, una parte relevante de sus ingresos que esperan contar con ella para asumir los costos de la vida diaria”, subrayó.
Farinha también recordó que en el período de gobierno anterior se realizaron modificaciones reglamentarias con el objetivo de regularizar y transparentar la liquidación de estas partidas. La intención era que las remuneraciones por servicios especiales quedaran debidamente incorporadas al régimen salarial formal, impactando en aspectos como la antigüedad, los aportes y la masa salarial, contribuyendo incluso a los aportes jubilatorios.
“Se buscó poner estas partidas en un régimen adecuado a la hora de liquidar y que las prestaciones impactaran en los diferentes rubros que hacen a la masa salarial”, explicó.
No obstante, pese a esos cambios normativos, el atraso persiste. Para el diputado, la dilación en los pagos no solo genera incertidumbre administrativa, sino que afecta directamente la economía familiar de los trabajadores involucrados.
“La dilación y el tiempo lo que hace es afectar justamente a los trabajadores y sus familias”, afirmó.
El planteo también fue impulsado a partir de información recibida desde el ámbito departamental. Farinha indicó que el edil Julio Kniazev le trasladó diversos casos concretos vinculados a esta problemática, lo que motivó el abordaje a nivel parlamentario.
El pedido de informes buscará establecer con claridad cuál es la situación real, por qué se generan los atrasos si los fondos ya fueron transferidos por los organismos contratantes y qué medidas se adoptarán para regularizar los pagos.
“La primera preocupación es que los trabajadores puedan cobrar y que se les dé certeza de cuándo van a cobrar”, sostuvo.
El legislador adelantó que el objetivo no es solo obtener una respuesta formal, sino garantizar que se establezca un mecanismo ágil y transparente que evite nuevos retrasos en el futuro.
Mientras tanto, la preocupación crece entre los efectivos afectados, quienes dependen de estos ingresos para afrontar compromisos cotidianos en un contexto económico exigente.
El tema ahora pasará al ámbito parlamentario, donde se espera que el Ministerio de Defensa brinde explicaciones detalladas sobre la administración y liquidación de los recursos vinculados al Servicio 222.
