Un planteo de sentido común y responsabilidad
En la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Paysandú, el edil del Partido Colorado, David Helguera, realizó una enérgica intervención solicitando revisar el régimen de subsidios que perciben los exalcaldes del departamento.
Helguera calificó de “injusto y desproporcionado” que quienes hayan ocupado el cargo por un corto período —incluso de apenas cinco meses— puedan recibir durante un año un subsidio equivalente al 85% de su salario como alcalde.
“Esto no es un cuestionamiento personal hacia nadie”, aclaró el edil, “sino una observación de sentido común, porque hay decisiones que son una afrenta para los ciudadanos y una falta de respeto a los contribuyentes”.
Subsidios que generan polémica
Durante su exposición, Helguera detalló que actualmente el departamento de Paysandú cuenta con nueve municipios, mientras que hasta la legislatura anterior existían solo siete. En los últimos meses, explicó, la Junta ha recibido varios oficios informando del pago de subsidios a exalcaldes, lo cual despertó “razonables dudas” sobre la pertinencia de esos beneficios.
“Estamos hablando de que se paga 11.352 pesos mensuales durante un año —el 85% del sueldo de alcalde—, incluso a quienes estuvieron solo cinco meses en funciones”, señaló.
“Eso significa que a alguien que ejerció brevemente el cargo, se le está otorgando un pago de más de 130.000 pesos por concepto de subsidio. Francamente, eso no se sostiene desde el punto de vista moral ni administrativo”.
Municipios pequeños, gastos grandes
El edil colorado fue más allá al referirse al tamaño y la estructura de algunos municipios.
“Tenemos municipios con apenas 800 habitantes, donde existe un alcalde, un consejo, una camioneta oficial, combustible, seguros, y todo eso costeado por los sanduceros”, indicó.
“Si a eso le sumamos que, tras unos pocos meses en el cargo, también reciben un subsidio por un año, estamos ante una distorsión inaceptable del espíritu con que fueron creados los municipios”.
Helguera reclamó que se legisle con precisión para evitar que esta situación se repita en el futuro.
“La Junta no puede impedir que se paguen estos subsidios porque vienen dispuestos por ley. Pero sí podemos —y debemos— trabajar para corregir lo que claramente es un abuso del sistema”, insistió.
“Mientras tanto, hay vecinos que rifan números para pagar un pasaje”
Uno de los momentos más emotivos de su intervención fue cuando Helguera relató un hecho concreto que lo motivó a hacer este planteo.
“En Guichón, ayer una señora me vendió un número de rifa de 10 pesos para juntar dinero y poder visitar a su madre internada en el CTI. Y mientras tanto, nosotros, desde el Estado, nos damos el lujo de pagar decenas de miles de pesos a alguien que estuvo cinco meses en un cargo político. Esa es la realidad que duele”, expresó con firmeza.
Sus palabras resonaron en el recinto y fueron recibidas con respeto, incluso por ediles de otros partidos, que reconocieron la validez del planteo.
Un llamado a revisar la normativa
Finalmente, Helguera adelantó que presentará una propuesta formal para que la Junta Departamental estudie la posibilidad de modificar la reglamentación vigente sobre los subsidios a exalcaldes.
“Queremos que esto se discuta con seriedad. No se trata de atacar a nadie, sino de poner límites razonables y de cuidar los recursos públicos, que son de todos”, afirmó.
El edil colorado sostuvo que la política debe dar señales de austeridad y coherencia, especialmente en momentos en que muchos sanduceros enfrentan dificultades económicas.
“Cuando la gente ve que el Estado gasta en privilegios, se genera desconfianza. Y eso nos afecta a todos los que creemos en la función pública como servicio y no como beneficio personal”, concluyó.
Conclusión
El planteo de David Helguera deja sobre la mesa un debate necesario: ¿hasta dónde llegan los derechos de quienes ocupan cargos políticos y dónde comienza la responsabilidad con los recursos de la comunidad?
Mientras la Junta Departamental analiza el tema, su intervención ya abrió una conversación en la opinión pública sobre la transparencia, la equidad y el uso ético del dinero de los sanduceros.
